En tribunales protestaron por beneficios carcelarios a asesinos de Nattino, Guerrero y Parada

Javiera Parada y Manuel Guerrero, hijos de dos de las víctimas del Caso Degollados, exigieron a la Corte Suprema hoy revisar el fallo que confirmó el permiso de salida dominical para los carabineros en retiro Guillermo González Betancourt y José Fuentes Castro, condenados a cadena perpetua por este crimen perpetrado en 1985.

20 de Junio de 2013 | 20:09 | Por David Ponce, Emol

Manuel Guerrero y Javiera Parada esta mañana en el palacio de Tribunales, donde llegaron en compañía de familiares, abogados, artistas y dirigentes sociales y políticos.

Emol

SANTIAGO.- Un llamado a rectificar el fallo de la Corte Suprema que confirmó esta semana el otorgamiento de beneficios penitenciarios a dos condenados por el secuestro y asesinato de Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada hicieron hoy los familiares de las víctimas de ese triple homicidio, perpetrado por Carabineros en 1985 y conocido como Caso Degollados.

Hasta el palacio de Tribunales de la capital llegaron esta mañana Javiera Parada Ortiz y Manuel Guerrero Antequera, hijos de José Manuel Parada y Manuel Guerrero, en compañía de familiares, abogados, dirigentes sociales, actores, músicos y políticos que se hicieron presentes en el acto para rechazar el beneficio de salida dominical otorgado por Gendarmería a dos de los condenados.

Se trata del coronel de Carabineros Guillermo González Betancourt y del sargento José Fuentes Castro, ambos en retiro, quienes cumplen sendas condenas de cadena perpetua en la cárcel de Punta Peuco por el caso. Ambos fueron favorecidos con el mencionado permiso dominical por autorización del alcaide del penal, en una resolución ratificada este martes 18 de junio por la Tercera Sala de la Corte Suprema.

"Acciones como la de la Corte Suprema agravian la memoria de nuestro país en su conjunto", dijo Javiera Parada. "Es la sociedad la que ve amenazada la posibilidad de seguir construyendo juntos este país. Por lo tanto exigimos a la Corte Suprema que revise este caso, porque creemos que ningún concepto puede hacer permisible que los asesinos de nuestros padres circulen libres por las calles".

El abogado Fernando Leal agregó que el beneficio fue otorgado de modo irregular y faltando al ordenamiento jurídico, y que ambos condenados han recibido sanciones administrativas por conductas graves al interior del penal, incluidas dos denuncias de Gendarmería contra Fuentes Castro por amenazas y lesiones.

"Nos parece gravísimo que en una sociedad en la que se reprime a los estudiantes, en donde se mantiene privadas de libertad a personas por consumir marihuana, dos criminales como éstos estén en las calles", afirmó.

Manuel Guerrero Antequera anunció a su vez que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al propio tribunal supremo para exigir la revisión del dictamen. "Vamos a pedir rectificación a la Corte Suprema, que se reúna en pleno extraordinario, para revisar este abominable fallo", dijo. "Si en Chile en Informe Valech calificó más de sesenta mil casos de tortura, y si el Informe Rettig reconoce más de tres mil situaciones de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, sólamente alrededor de sesenta criminales están presos. Y si aún así, habiendo impunidad, se quiere dejar libres a los pocos que están presos, no lo vamos a permitir".

"El degollamiento de mi padre y de José Manuel Parada y Santiago Nattino lo realizaron Carabineros", agregó el hijo de Manuel Guerrero. "González Betancourt, que es uno de los beneficiados, era coronel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile (Dicomcar). Era una persona con poder de mando, que utilizó helicópteros, personal de Carabineros del Tránsito, para ir a nuestro colegio, secuestrar, torturar y finalmente, frente al aeropuerto de Pudahuel en Quilicura, degollar en forma brutal a nuestros familiares".

Guerrero Antequera interpeló además a José Antonio Kast, secretario general de la UDI y candidato a senador por Santiago Oriente, quien el lunes, en una entrevista con el medio online The Clinic, confundió estos asesinatos, ocurridos en marzo de 1985, con la llamada Operación Albania, serie de crímenes cometidos por la CNI en junio de 1987, por los que fueron condenados agentes y uniformados como Álvaro Corbalán y Hugo Salas Wenzel. Kast pidió perdón luego por sus declaraciones, en las que sugirió además que en estos delitos no hubo acción del Estado.

"No, señor Kast. Estos son crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado contra sus propios compatriotas", dijo Guerrero esta mañana. "Sea usted de derecha, de centro, de izquierda, de donde sea, los derechos humanos son para todos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen que estar para resguardarnos a todos, independiente de lo que pensamos. Podemos tener diferencias acerca de las políticas públicas, acerca de cómo construir más y mejor democracia, pero no respecto de los derechos humanos".

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