Gobierno anuncia suma urgencia a proyecto de probidad que regula conflictos de intereses

Tras conocer los detalles de la investigación del programa "Contacto", el ministro Cristián Larroulet llamó al Congreso a que la iniciativa se apruebe en el menor plazo posible.

24 de Julio de 2013 | 14:31 | Emol

Larroulet pidió al Congreso que tramite y apruebe en breve el proyecto.

Claudio Bueno, El Mercurio.

SANTIAGO.- El ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Larroulet, anunció este miércoles que el Gobierno aplicará suma urgencia al proyecto sobre probidad en la función pública, ingresado al Congreso por el Ejecutivo el 3 de mayo de 2011 y que regula los conflictos de intereses de las autoridades y funcionarios, entre otras materias.


Por ello, el secretario de Estado enfatizó la importancia de que la iniciativa se tramite con la mayor celeridad y se apruebe en el menor plazo posible por parte de los parlamentarios, algunos de los cuales fueron vinculados a distintas empresas y sectores productivos que fueron favorecidos por algunas leyes votadas por ellos mismos en el programa "Contacto" de Canal 13.

Tras conocer los antecedentes recogidos por la investigación periodística, Larroulet señaló que "hay que valorar el trabajo del Parlamento y, por lo tanto, creemos que esta iniciativa legal colabora con su prestigio".

En ese sentido, el titular de la Segpres afirmó "es importante continuar en el camino hacia una mayor transparencia de todos las personas que trabajan en el sector público, incluidos los ministros, parlamentarios e incluso el Presidente de la República".

"El objetivo del proyecto es que Chile pueda tener instituciones que ayuden a continuar avanzando a favor de la probidad y la transparencia", añadió. 

A juicio del ministro, es de "la mayor importancia recuperar la confianza que los ciudadanos tienes en las instituciones. Por ello esperamos que se apruebe a la mayor brevedad este proyecto y otros que van en la misma dirección, como son los que regulan la actividad de Lobby y el que perfecciona la Ley de Transparencia".
 
Detalles del proyecto 
 
La iniciativa aborda materias como la declaración pública de intereses y patrimonio, el mandato de valores y la enajenación de activos, y comenzará a discutirse en particular en la comisión de Gobierno y Constitución Unidas del Senado, tras ser aprobado en general en la sala.

El proyecto contempla la obligación de incorporar en toda declaración de intereses los valores y participación en todo tipo de sociedades, la cual abarca mucho más información que la contenida en las actuales declaraciones, pues ahora se obligará a declarar no solo las sociedades que la autoridad posee directamente, sino también aquellas en que la participación es indirecta, es decir, a través de otras sociedades. 

Asimismo, exige que se enajenen las acciones que se poseen en empresas reguladas por el Estado o proveedores de servicios al Estado y contempla sanciones para las autoridades que no cumplan con estas obligaciones.

En el caso de los parlamentarios, si éste no efectúa de manera oportuna la declaración de intereses, lo hace de manera incompleta o no la actualiza dentro de plazo, será apercibido por la Comisión de Ética para que la realice en veinte días. En caso de incumplimiento, se le aplicará una multa a beneficio fiscal, de diez a treinta unidades tributarias mensuales, que se descontarán directamente de sus remuneraciones o dieta.

También se sanciona con multa de veinte a cincuenta unidades tributarias mensuales a quien incurra en una omisión inexcusable o inclusión a sabiendas de información inexacta requerida por la ley en la declaración de intereses y patrimonio.

El procedimiento sancionatorio podrá iniciarse de oficio por las comisiones de ética de la respectiva Cámara o por denuncia de cualquier interesado. El proyecto de ley contempla iguales obligaciones para el resto de las autoridades y funcionarios del Estado, tales como ministros, subsecretarios, jueces, fiscales, Contralor, etc.

Por último, el proyecto de ley también regula la obligación de los parlamentarios de constituir “fideicomiso ciego” respecto de todas sus acciones y enajenar su participación en empresas que, bajo ciertas condiciones, presten servicios al Estado o estén sujetas a tarifas reguladas. 

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