Suprema confirma fallo contra empresario y ordena indemnización por estafas en subsidios

Carlos Wörner Tapia deberá cumplir la pena de 4 años de presidio y el pago de una multa de 30 UTM.

20 de Noviembre de 2013 | 13:24 | Emol

Wörner, procesado por estafa habitacional, era el representante de la constructora Inversiones Bilbao.

El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- La Corte Suprema ratificó en la parte penal el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que condenó al empresario Carlos Wörner Tapia como autor de siete delitos de estafa en subsidios habitacionales que afectaron a igual comités de allegados en la Región del Biobío, entre 1995 y 1997.


En fallo unánime, los ministros Milton Juica, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas, además del abogado integrante Jorge Lagos, confirmaron la pena de 4 años de presidio y el pago de una multa de 30 UTM contra el imputado.


Los magistrados de la Segunda Sala del máximo tribunal ratificó la sentencia de primera instancia que acogió las pretensiones de los comités de pobladores sin casa, ubicados en las comunas de Talcahuano, San Nicolás, Tucapel, Tomé, Los Ángeles, Lebu y Concepción.


Éstos habían sido beneficiados con subsidio habitacional por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la VIII Región, y "fueron persuadidos de encargar a la empresa constructora Inversiones Bilbao Sociedad Anónima la urbanización de los terrenos que habían adquirido de antemano y la edificación en ellos de sus viviendas progresivas", consigna el fallo.


"Los correspondientes contratos de construcción fueron suscritos entre el representante de dicha sociedad, Carlos Wörner Tapia, y los presidentes de los respectivos comités de allegados, pactándose en todos ellos el pago del precio mediante la aplicación de los Certificados de Subsidio Habitacional con la posibilidad de requerir su pago anticipado, para lo cual los beneficiarios debían endosarlos a favor de esa empresa constructora", indica.


Y añade: "Se fijó, en cada caso, un plazo determinado para ejecutar el trabajo, que debía contarse desde la fecha en que la Dirección de Obras Municipales respectiva otorgare el correspondiente permiso de edificación, a excepción del contrato celebrado con el Comité Nuevo Amanecer de San Nicolás en que el plazo de ejecución se fijó desde la fecha misma de la firma del contrato".


Con los certificados de subsidio debidamente endosados, Wörner pidió al Serviu el pago anticipado de los certificados, contratando una póliza de garantía con la Compañía de Seguros Generales S.A. -hoy Liberty Seguros Generales S.A.-, la que tomó a su cargo garantizar la correcta inversión y eventual devolución del dinero, mediante la cancelación del pago de la prima.


"Una vez logrado el pago de los certificados de subsidio habitacional, los dineros obtenidos fueron destinados a otros fines y no a la edificación de las viviendas, paralizándose su construcción al poco tiempo del comienzo de los trabajos, en los casos en que éstos fueron iniciados", consigna el dictamen.


En el aspecto civil, la resolución revocó además el fallo del tribunal de alzada y ordenó que el condenado pague una indemnización de $1.465.461.529 a la empresa Liberty Seguros S.A.

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