Contraloría detecta anomalías en plan de seguridad "Alerta Hogar" de Piñera

SANTIAGO.- El subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, dio a conocer este miércoles las conclusiones del informe que la Contraloría General emanó el 05 de enero pasado, tras recibir antecedentes del programa "Alerta Hogar" sobre presuntas anomalías en su financiamiento y ejecución, así como en el cumplimiento de objetivos del plan instaurado por el gobierno anterior en 2012.

Según la autoridad, la denuncia de las supuestas irregularidades fue ingresada al ente fiscalizador el 29 de abril del año pasado y "luego de nueve meses de análisis e indagación se confirmaron graves irregularidades".

"Se financió una iniciativa privada con recursos públicos, más de $1.400 millones, que no tuvo ningún efecto. Se contrataron 5 millones de mensajes para ocupar sólo 47 alarmas efectivas, lo cual en términos concretos significa que le costó a todos los chilenos más de $30 millones cada uno de esos mensajes", dijo.

Según Frey, la investigación de la Contraloría General confirmó que "la marca 'Alerta Hogar' preexistía. Era una marca privada. Lo que significa que se financió con fondos públicos (...)  En términos prácticos y concretos, le costó a todos los chilenos más de 30 millones cada una de esas alertas".

Añadió que "se celebraron convenios fraudulentos con empresas proveedoras de servicios de mensajería, en circuntancias de que el mercado tiene un conjunto más amplio. Lo que correspondía en este caso, era hacer una licitación pública y se celebraron convenios de trato directo, por un monto de 180 millones de pesos".

Y por último, dijo el subsecretario, "siendo que en el presupuesto no estaba consignado 'Alerta hogar', se impugnó a otros programas para poder financiarlo. Se impugnó recursos, por ejemplo, de un programa tan importante como el de atención a víctimas de delitos violentos".

Debido a lo anterior, la Contraloría anunció que "continuará con la tramitación del proceso disciplinario instruido por la cartera y elevado a sumario administrativo a través de la resolución exenta N° 860, del mismo año, con el objeto de hacer efectivas las responsabilidades administrativas".

En paralelo, la Subsecretaría deberá implementar medidas destinadas a garantizar el uso eficiente de los recursos que invierte, "en concordancia con los objetivos propuestos para cada línea programática que diseñe, contar con la titularidad de las aplicaciones que requiera para el desarrollo de los programas y proyectos que implementa; y verificar la propiedad de las marcas y dominios que requiera para el desarrollo de aquellos, antes de celebrar los convenios".

A ello se suma que tendrá que remitir copia del acto administrativo que formalice, en un plazo de 60 días hábiles, el término del convenio con la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), a la cual transferiría $198.000.000 para la ejecución del programa.

"Esto denota una desprolijidad en materia de seguimiento de evaluación de las políticas públicas, se sabía que había poco uso de la mensajería, se podría haber evitado y se mantuvo en circunstancias de que era un programa ineficiente y con un impacto muy reducido", concluyó el subsecretario Frey.