"Ley corta" para incluir a institutos y CFT en la gratuidad divide a parlamentarios

Mientras en la Nueva Mayoría se muestran a favor de apoyar una ley para que se conviertan en corporaciones sin fines de lucro, en la Alianza lo consideran una "aspirina" y afirman que el foco no debe estar en el lucro, sino en la acreditación.

27 de Mayo de 2015 | 09:36 | Por Natacha Ramírez y Génesis Moreno, Emol

La ley es promovida por el rector de Inacap, para que sus alumnos puedan acceder a la gratuidad a partir de 2016.

El Mercurio

SANTIAGO.- Dado que los requisitos impuestos por el Gobierno –estar acreditado y no tener lucro– dejarían fuera de la gratuidad a la gran mayoría de los institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), algunas de las instituciones que resultarían afectadas proponen crear una "ley corta" que les permita convertirse en corporaciones sin fines de lucro y así acceder a la gratuidad en 2016.


La iniciativa es promovida por el rector de Inacap, Gonzalo Vargas –quien también preside a los IP y CFT que están acreditados–. El académico argumenta que hay varias instituciones –incluyendo la suya– que si bien legalmente están constituidas como sociedades, en la práctica no lucran y reinvierten sus utilidades. Por eso, pide a las autoridades implementar una "ley corta" que les permita cambiar su naturaleza jurídica y optar a la gratuidad a partir del próximo año.


La idea genera opiniones divididas entre los parlamentarios que integran las comisiones de Educación de la Cámara y el Senado. Mientras en la Nueva Mayoría se muestran a favor de apoyar una iniciativa de ese tipo, en la Alianza lo consideran como una "aspirina" y sostienen que el filtro para acceder a la gratuidad no debiera ser si las instituciones lucran o no, sino en la acreditación y en la vulnerabilidad de los estudiantes.


"La manera más razonable de poder incluir en las políticas de gratuidad a jóvenes vulnerables –y quizás los más vulnerables, que son los que asisten a los CFT e institutos profesionales–, es justamente legislando para terminar con el lucro en esas instituciones, porque, de lo contrario, van a ser muy pocos jóvenes de estas instituciones los que se vean beneficiados", afirmó el senador Fulvio Rossi (PS).


En la misma línea, el diputado Mario Venegas (DC) sostuvo que "yo estaría completamente disponible (para apoyarlo)". "Lo encuentro razonable, ya que hay jóvenes vulnerables que, según el anuncio que se hizo, quedarían fuera, y eso lo considero inconveniente. Y si el objetivo que nosotros hemos perseguido es que todos los recursos que el Estado aporta se dediquen exclusivamente a educación, yo creo que sería una muy buena solución", afirmó.


No obstante, el diputado explicó que una "ley corta" como la que propone el rector Vargas sólo puede ser presentada por el Ejecutivo, ya que involucra la entrega de recursos fiscales. "Si el Gobierno lo presentara, yo lo apoyaría absolutamente", insistió.


Sólo "una aspirina"


Una opinión distinta tienen los parlamentarios de la Alianza, que afirman que el criterio para acceder a la gratuidad no debiera ser si una institución lucra, sino su calidad, es decir, que esté debidamente acreditada, y que tenga alumnos vulnerables.


"Me parece una pésima propuesta la que ha hecho Inacap. Lo que hay que enfrentar aquí es el problema de fondo, que no es si una institución como Inacap lucra o no, sino si es de calidad o no, sino de qué sirve tener los filtros de acreditación", sostuvo el diputado Felipe Kast (Evópoli).


Por eso, dijo que espera que el rector Vargas "no caiga en tratar de simplemente hacer una ley corta, sino en que se enfrente el tema de fondo". A su juicio, "lo que se tiene que hacer es darle gratuidad a quienes no pueden pagar en instituciones de calidad". "Cualquier otra discriminación me parece arbitraria", afirmó.


En tanto, el diputado Jaime Bellolio (UDI) sostuvo que una ley de ese tipo es más bien "una aspirina" y un "parche", que podría desviar del tema de fondo. "El tema no es ése y no me gustaría de nuevo que se volviera a la discusión sobre lucro y no lucro, cuando estamos más que claros que la discusión es sobre calidad y no la forma jurídica de las instituciones", afirmó.


Agregó que "el tema tiene que ser más de fondo, que es (otorgar la gratuidad) a los estudiantes vulnerables sin importar donde ellos quieran estudiar, siempre que (las instituciones) estén acreditadas". "Exijámosles, por último, que sus carreras estén acreditadas, pero el foco debe estar puesto en los estudiantes vulnerables", remarcó.


Tildan al CRUCh de "cartel"


Los diputados de oposición también se sumaron a las críticas que han formulado los rectores de distintas universidades privadas y calificaron de "discriminatoria" la decisión del Gobierno de dejar fuera de la gratuidad en 2016 a las instituciones que no pertenezcan al Consejo de Rectores (CRUCh).


Según Bellolio, la medida "responde más bien a un capricho ideológico" y afirmó que "es absurdo que universidades que, teniendo 30 años de historia y de calidad comprobada, no puedan acceder a la gratuidad". "El criterio que le dio formación al CRUCh está totalmente obsoleto, no hay ninguna razón más que la arbitrariedad", sostuvo.


Felipe Kast fue más allá y calificó al CRUCh como un "cartel". "No puede ser que un cartel como el CRUCh vele por sus intereses y no por los de las familias más vulnerables", afirmó el diputado, señalando que hay universidades buenas dentro y fuera del CRUCh.


Agregó que "no se entiende que se le haya prometido al país, con bombos y platillos, algo de esta naturaleza y que luego aparezca la letra chica. Acá no podemos legislar para grupos de presión determinados, que ni siquiera son todos públicos; por lo tanto, no debe haber ningún tipo de discriminación que no sea la calidad y la vulnerabilidad de las familias".


Por su parte, el diputado Venegas le bajó el perfil al tema y atribuyó la momentánea exclusión de las universidades privadas a un "problema presupuestario". "Es básicamente eso, así lo entiendo yo, no es que sea discriminatorio", señaló.

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