Suprema confirma desafuero a Pinochet

La noticia fue recibida con júbilo por casi medio centenar de familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos.

26 de Agosto de 2004 | 11:19 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
Lea la resolución de la Suprema

Resolución de la Corte de Apelaciones de julio pasado

Operación Cóndor
Como "Operación Cóndor" se denomina a la coordinación de los servicios de información de los regímenes militares del Cono Sur en la década de los setenta, organización en la que la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) tuvo un rol protagónico.

Según el informe Rettig, en la coordinación participaron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. También se ha sumado a Bolivia, por datos posteriores.

En 1975 el operativo logró cierta formalidad con la convocatoria del entonces director de la Dina, general (r) Manuel Contreras, a sus pares en la región.
Un caso emblemático, considerado como el inicio de la Operación Cóndor, es el asesinato del ex Comandante en Jefe del Ejército, general (r) Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires, en 1974.

En Chile, el juez Juan Guzmán encabeza la investigación desde 1998, cuando un grupo de abogados se querelló por la desaparición de cientos de chilenos que fueron arrestados en los países vecinos desde 1973 en adelante.

La instancia es investigada también por el juez español Baltasar Garzón y el magistrado argentino Rodolfo Canicoba.
SANTIAGO.- Tras dos horas de deliberación, el Pleno de la Corte Suprema resolvió hoy confirmar, por nueve votos contra ocho, el desafuero al general (r) Augusto Pinochet, por su responsabilidad en la denominada Operación Cóndor.

Dicha determinación fue hecha pública oficialmente por el relator del Pleno, Juan Cristóbal Mera, una vez que concluyó la reunión extraordinaria, pasadas las 11:00 horas.

El desafuero fue rechazado por los ministros Hernán Álvarez García, quien presidió el Pleno, Enrique Tapia, Ricardo Gálvez, Enrique Curi, Jorge Rodríguez, Humberto Espejo, Orlando Álvarez y Domingo Kokisch.

A favor de ratificar el desafuero al general en retiro estuvieron José Benquis, Alberto Chaigneau, José Luis Pérez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Jaime Rodríguez Espoz, Milton Juica, María Antonia Morales y Adalis Oyarzún.

Por diferentes motivos, cuatro de los 21 ministros que componen la Máxima Instancia Judicial del país no participaron de la vista de la causa. Se trata del presidente de la instancia, Marcos Libedinsky, quien fue recusado amistosamente, y de los ministros Eleodoro Ortiz, Jorge Medina y Nibaldo Segura.

La noticia fue recibida con júbilo por casi un centenar de familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos que desde primera hora de esta mañana esperaban la resolución en el primer piso del Palacio de Tribunales y en el frontis del edificio.

Argumentos

En el voto de minoría, los ministros tuvieron presente que "la ley ha sido muy cuidadosa en prevenir el encausamiento innecesario de un inculpado cuando hay antecedentes que indican que no podrá existir una sentencia condenatoria como se evidencia en los artículos 107, 279 y 406 del Código de Procedimiento Penal".

Al respecto, la resolución de poco más de una carilla profundiza que "con mayor razón debe considerarse esa situación respecto de las personas a quienes la Constitución política de la República ha concedido una protección especial por tratarse de autoridades presentes o pasadas para evitar que se dirijan en su contra procedimientos que resultarán en definitiva inútiles".

Los ministros Alberto Chaigneau, Urbano Marín, Domingo Yurac y Jaime Rodríguez Espoz, quienes votaron a favor del desafuero, fueron de parecer de sugerir al ministro instructor de la causa, Juan Guzmán Tapia, que "entre las primeras diligencias que disponga ordene exámenes siquiátricos del imputado".

Por otro lado, los ministros Milton Juica y Adalis Oyarzún, también a favor del quitarle el fuero, fueron del parecer de que Guzmán ordene exámenes antes de dictar cualquier diligencia.

La reunión de hoy fue la continuación del maratónico Pleno de ayer, en el que los magistrados escucharon los alegatos del abogado defensor de Pinochet, Ambrosio Rodríguez, y de los seis querellantes en la causa, Francisco Bravo, Eduardo Contreras, Juan Subercaseaux, Juan Pavín, Hiram Villagra y Hugo Gutiérrez.

De esta forma será ahora el ministro Guzmán quien deberá resolver los pasos a seguir en la investigación que instruye por la Operación Cóndor. Entre las alternativas figura realizar nuevos exámenes médicos al ex gobernante y someterlo a un interrogatorio, e incluso detenerlo antes de resolver su situación procesal.

Fallo de la Corte de Apelaciones

Con la resolución de hoy, el Pleno de la Suprema ratificó el desafuero contra el general en retiro que la Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó, por 14 votos contra 9, el 28 de mayo pasado.

Esa resolución, cuyos fundamentos se hicieron públicos el 7 de julio, sostenía que el general en retiro estaba en conocimiento de las acciones que realizaban sus subalternos en Chile y en el extranjero para neutralizar a los opositores al régimen que encabezaba.

La mayoría de los magistrados de la Corte de Apelaciones no tomaron en cuenta lo relativo a su posible incapacidad mental, tema que, a juicio de ellos, deé ser ponderado y resuelto por el magistrado que instruye la causa, el juez Juan Guzmán.

Votaciones anteriores

Desde 2000 a la fecha, el ex senador vitalicio ha enfrentado cuatro peticiones de desafuero por causas de derechos humanos.

La primera de ellas fue por las indagatorias respecto al caso Caravana de la Muerte de 1973, en la que la Corte de Apelaciones de Santiago, por 13 votos contra 9, decidió desaforarlo.

Tras la decisión Pinochet fue procesado, pero luego sobreseído por el tribunal de alzada, por razones de salud, fallo que ratificó la Corte Suprema, el 1 de julio de 2001.

El segundo pedido, fue por el homicidio del ex Comandante en Jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, ocurrido en septiembre de 1974. Dicha solicitud fue rechazada por el tribunal de alzada por 16 votos contra 5.

La tercera petición de desafuero fue por el crimen contra la cúpula del Partido Comunista, ocurrido en 1976, en el denominado caso Calle Conferencia, la que fue desestimada por la Corte de Apelaciones, por 16 votos contra 7, también por razones de salud.
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