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Mayor Cereceda es procesado por cuasi delito de homicidio

El ministro Juan Arab notificó uniformado que estaba a cargo del Batallón del Regimiento Reforzado °17 de Los Ángeles por su responsabilidad en la tragedia de Antuco.

24 de Junio de 2005 | 18:35 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet

El mayor Patricio Cereceda.
SANTIAGO.- El mayor Patricio Cereceda fue procesado por cuasi delito de homicidio y por incumplimiento de deberes militares por su participación directa en la tragedia de Antuco que terminó con 44 soldados y un sargento muertos en la alta montaña en la Octava Región.

El procesamiento fue dictado por el ministro Juan Arab, a cargo de esta investigación.

El magistrado decidió privar de libertad a Cereceda, quien quedó detenido en el Batallón de Policía Militar del Ejército en Peñalolén.

Además, Arab procesó por incumplimiento de deberes militares al coronel Roberto Mercado, ex Comandante del Regimiento Reforzado N°17 de Los Ángeles, y al teniente coronel Luis Pineda. Ambos quedaron privados de libertad.

Finalmente el magistrado encausó por cuasi delito de homicidio a los capitanes Claudio Gutiérrez, quien estaba a cargo de la compañía Andina, Carlos Olivares, quien estaba al mando de la compañía Mortero, al suboficial mayor Carlos Grandon y al sargento segundo Avelino Tolosa.

Todos ellos, sin embargo, quedaron en libertad sin consulta a la Corte, previo pago de 50 mil pesos.

De hecho el capitán Gutiérrez, salió caminando del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército (CAE) y en breves declaraciones señaló que había concurrido hasta el lugar para ser notificado.

Notificaciones

El juez Arab, nombrado por la Corte Marcial para encabezar la investigación, citó a los cinco uniformados hasta el CAE, para notificarlos de los procesamientos que había definido.

Tras descabezar al Regimiento N°17 de Los Ángeles, el Ejército decidió presentar cargos los militares por los delitos de cuasi homicidio, incumplimiento de deberes militares y maltrato de obra a inferior.

Por este último delito, los uniformados podrían ser condenados con penas de hasta 10 años de cárcel, puesto que conlleva el dolo, es decir la intencionalidad que hubo para cometerlo.