Demandan al Estado por caso de profesora lesbiana impedida de trabajar

El abogado de Sandra Pavez junto al movimiento Movilh presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que está siendo analizada por el organismo.

08 de Enero de 2009 | 13:35 | Fernando Jiménez, El Mercurio Online

La profesora deberá esperar hasta marzo para definir su futuro laboral.

El Mercurio

SANTIAGO.- Acusando "discriminación a las minorías sexuales en Chile", el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, y el abogado defensor, Alfredo Morgado, presentaron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado chileno por el caso de la profesora lesbiana Sandra Pavez, quien se encuentra impedida de realizar clases de religión.


Así lo informaron hoy los demandantes en la sede de Movilh, donde indicaron que la demanda interpuesta ante la Comisión está en curso desde diciembre. Precisaron que el organismo internacional ya corroboró la recepción de la denuncia e inició su análisis. Según explicó Morgado, tras la investigación de la Comisión, debiera seguir una acusación a la Corte Interamericana.


El 13 de agosto de 2007 y tras 25 años desempeñándose como profesora de religión, el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, y el vicario para la Educación le negaron a Pavez su certificado de idoneidad que le permitía hacer clases de religión en el coelgio Cardenal Enrique Samoré, de esa comuna, aún cuando se le había otorgado en 12 oportunidades anteriores.


Esto se produjo luego de que el obispo se enterara de la orientación sexual de la docente, condicionando su regreso a las aulas "a su castidad y al sometimiento a tratamiento psiquiátrico". También la vicaría le sugirió realizar un retiro espiritual.


Producto del hecho, el 20 de agosto de 2007 , se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que fue rechazado. Luego se recurrió a la Corte Suprema, que validó la resolución.


Frente a tal situación, Rolando Jiménez, presidente del Movilh, acusó "desidia e indiferencia del Ministerio de Educación, de las ministras Provoste y Jiménez", además de condenar las resoluciones de la Corte de Apelaciones de San Miguel y de la Corte Suprema. "Los tribunales chilenos no representan al 10 por ciento de la población", acusó ofuscado.


Por su parte, el abogado Alfredo Morgado criticó a los tribunales nacionales por "no tener el coraje suficiente para proteger a la ciudadanía chilena" y haber actuado con "parsimonia" para no desdecir la acusación de la vicaría de San Bernardo. "La Vicaría mete mano a la vida privada", cuestionó y explicó que "es por esto que llevamos el caso a la Comisión Interamericana".


Morgado criticó además el retiro espiritual que se le propuso realizar a la afectada, señalando que "hay una violación a la vida privada", debido a que la motivación era "replantearse opciones".


Respecto de la demanda ante la Comisión Interamericana, la profesora afectada, quien dijo ser el único sustento de su hogar, señaló que "yo me confió de ellos. Van a hacer lo que mi país no se atreve a hacer", además de mostrarse convencida a que retornará a trabajar cuando todo culmine: "Sé que voy a volver a hacer clases", aseguró Pavez.

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