Las consecuencias que tendría invocar la Ley de Seguridad del Estado

Un experto penal explica que de aplicarse, conductas que no revisten delito, como el paro de actividades de servicios públicos, se tipifican como un acto criminal con elevadas penas.

23 de Agosto de 2011 | 19:16 | Por Leslie Ayala C., Emol

Hoy un grupo de padres y apoderados protestó frente al Palacio de La Moneda por la eventual invocación de esta ley.

Christián Zúñiga, El Mercurio.

SANTIAGO.- Un clima de incertidumbre ha marcado las últimas horas de esta jornada en espera de la anunciada paralización de actividades que diversos gremios del país llevarán a cabo, este miércoles 24 y jueves 25 de agosto, en apoyo a los estudiantes y en protesta por diversas demandas del mundo laboral.


El Gobierno anunció que podría aplicar la Ley de Seguridad del Estado para resguardar el orden y el funcionamiento de diversas actividades que se desarrollan cotidianamente en el país, pero ¿Cuál es la real implicancia que tiene esta temida norma?


El experto en derecho penal, Julián López, detalló a Emol algunas de las consecuencias que tiene la invocación de esta norma que fue ampliamente usada en el régimen militar, pero que con la llegada de la democracia ha tenido modificaciones que han atenuado su impacto.


Criminaliza un paro


El abogado penalista explica que esta ley criminaliza situaciones que en el cotidiano no reviste carácter de delito como puede ser una paro de los trabajadores fiscales y ejemplifica "si en días normales un funcionario público no va a trabajar, la interpretación del hecho puede ser que le dio flojera o que algo le pasó".


Sin embargo, si el Ministerio del Interior decidiera querellarse bajo la citada norma podría existir la siguiente interpretación de este mismo hecho: El funcionario público no va a trabajar porque tiene la intención de alterar el orden público y el funcionamiento de un servicio de utilidad pública, criminalizando así este acto.


"Cuando tú invocas un delito contra la seguridad del Estado, en el fondo tú reclamas una intencionalidad específica que es atentar contra el orden público o el desarrollo de las actividades nacionales. Es una interpretación del hecho mucho más amplia de la que se da normalmente y que convierte faltas menores o conductas impunes en delitos de mucha gravedad, eso significa invocar esta ley".´


Pésima fama de esta ley


López aseguró que esta ley es "tan política" que sería muy poco probable que un tribunal cuando dicte la condena termine dándole la razón a la víctima, que en este caso es el Ministerio del Interior. "Produce más impacto en lo inmediato que en el largo plazo", dijo para luego explicar que lo más probable es que sirva en el control de detención para dejar a personas en prisión preventiva.


"Cuando le atribuyes a un grupo que defiende un interés propio tu acusación con esta ley es bastante más seria que cuando son cientos de miles de personas. A mi modo de ver, la posibilidad de que un juez considere adecuado aplicarla a una manifestación popular donde participan decenas de miles de personas es cercana a cero", aseguró el experto en derecho penal.


También, el abogado López, explicó que al invocarse esta ley se "exasperan las penas y al hacerlo lo que haces es que tienes mejor base para pedir que una persona quede en prisión preventiva mientras dura el proceso".


Pese a todo, López señaló que ningún organismo como Carabineros ni las fiscalías pueden actuar contra manifestantes sin tener una orden judicial, ya que la ley en la actualidad no le entrega este tipo de facultades a organismos administrativos como sí lo hizo en el pasado.

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