BUENOS AIRES.- Una nueva regulación para empadronar a los usuarios de teléfonos celulares en la Argentina obligará a quienes compren nuevos móviles a registrar sus huellas digitales para combatir posibles delitos perpetrados mediante estos aparatos.
La norma, que será firmada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en los próximos días, apunta a combatir la inseguridad, ya que las autoridades afirman que muchos teléfonos móviles se usan para cometer delitos, confirmó hoy el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.
"Si (el decreto) no se firma hoy, será el lunes", anticipó el ministro en declaraciones a radio Mitre, tras lo cual subrayó que el gobierno lleva "un buen tiempo" trabajando en esta medida.
También deberán reempadronarse los cerca de 30 millones de aparatos que funcionan en el país con tarjeta prepaga, con lo cual se armará un listado oficial de celulares.
"Lo que pesa son razones de seguridad, el fuerte crecimiento del uso de celulares en delitos, desde robos a secuestros. Es necesario saber de quién es cada aparato, ligarlo a una persona en concreto, y no como ahora, que se compran sin ningún registro", afirmaron altos funcionarios al periódico. "Un celular es como un arma", advirtieron.
En 2003 se dictó una ley que avanzaba en ese sentido. Y luego, en 2004, se aprobó otra que también creaba un registro de celulares, pero hasta ahora ninguna de las dos normas fue reglamentada.
La nueva norma establece que para vender un nuevo celular se constate el documento de identidad, se envíe una carta al domicilio declarado y recién después de acusado el recibo de la misiva se active el servicio del teléfono. También se deberán registrar las huellas digitales del comprador, que quedarán ligadas al aparato en el registro oficial.
En el mercado argentino sólo el 10 por ciento de los usuarios posee un teléfono móvil pospago, que paga a fin de mes el consumo hecho. stos no deberán registrar por el momento su aparato en funciones, aunque si compran uno nuevo deberán respetar las nuevas reglamentaciones.
En cambio, el 90 por ciento de los celulares en funcionamiento en el país -unos 30 millones de aparatos- consta del sistema de tarjeta prepaga y, de habilitarse esta norma, deberá inscribirse en el registro oficial en un plazo de 180 días, prorrogable por otros 180 días más.
De los 43 millones de teléfonos móviles que registra la Secretaría de Comunicaciones, para los empresarios del sector hay en uso real 34 millones.
También habrá que registrar de igual modo cada comprador de tarjetas SIM, "chips", que en la actualidad hasta son distribuidos por vendedores ambulantes.
Las empresas de telefonía celular reaccionaron con sorpresa ante la inminente norma regulatoria, ya que la consideran de muy compleja aplicación y además podría reducir el mercado.
