SANTIAGO.- Un nueva denuncia en la polémica de las indemnizacionesmillonarias de ex funcionarios públicos hizo hoy el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Julio Dittborn, quien acusó al ex gerente general de Polla Chilena de Beneficiencia por 10 años, Orlando Cantuarias, de llevarse 90 millones de pesos de indemnización, cuando sólo le correspondía alrededor de 20.
Indicó que, si bien en muchos de los casos que se están investigando no existe irregularidades sino que un problema ético, en este se habría cometido ilegalidad debido a que a Cantuarios se le cancelaba un sueldo mucho mayor a los que fija la normativa.
En declaraciones a Radio Agricultura, Dittborn informó que la ley establece que los altos ejecutivos de la Polla reciben un sueldo equivalente a un ministro de estado, que corresponde a 2 millones de pesos, precisando que Cantuarias, en palabras del actual presidente de Polla, Sergio Henríquez, ganaba 6 millones 300 mil pesos.
"El actual presidente de la Polla, trató de justificar esto diciendo que Cantuaria ganaba un sueldo de 6 millones 300 mil pesos, lo que multiplicado por 10 años da 63 millones y lo que sumado a 150 días de vacaciones, daría una indemnización de como 90 millones", explicó.
En ese sentido, afirmó que si se llega a comprobar esta ilegalidad, los parlamentarios de la UDI van a recurrir a los tribunales.
"Es inaceptable que una persona que esté en un alto cargo de una empresa pública se autoimponga una indemnización muchísimo mayor a la que establece la ley", aseguró.
Asimismo, dijo que en el problema de las indemnizaciones "se mezcla un tema de frescura e ineficencias", agregando que cuesta creer que nadie sabía de estos pagos millonarios. "O son muy tontos o son muy ineficientes", indicó.
En tanto, el diputado desafió al ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe, a que entregue una lista de quienes son las personas que recibieron indemnizaciones inapropiadas y que hoy siguen trabajando en la administración pública.
Dijo que esta petición tiene la intención de analizar si el Ejecutivo cumple su palabra de pagar sueldos de acuerdo a la ley, como se procuró hacer entender ayer.
