SANTIAGO.- El ministro del Interior José Miguel Insulza leyó a las 13:37 horas de hoy la declaración pública del Gobierno respecto al tema de las indemnizaciones y al llamado del Presidente Lagos a que quienes fueron indemnizados y aún permanecen en cargos públicos, devuelvan el importe de sus desahucios o renuncien a sus cargos.
En el comunicado, el ministro del Interior señaló que el Gobierno envió esta semana un
proyecto de ley que establece las nuevas reglas para quienes ocupen cargos de confianza del Presidente de la República, las cuales acaban con el sistema actual de indemnizaciones de algunas empresas públicas.
El mencionado proyecto establece que los ejecutivos que ocupen puestos de gerentes generales o su equivalente en empresas públicas no recibirán ningún tipo de indemnización. Además, señala que los desahucios de otros ejecutivos deberán ajustarse a las normas del Código del Trabajo que indican un mes por año de servicio, con máximo de 11 años y un tope de 90 UF. El nuevo proyecto dispone también de una normativa más amplia en materia de responsabilidades.
En la declaración, el ministro del Interior leyó la lista de quienes, atendiendo el llamado del Presidente de la República, debían devolver el dinero de sus idemnizaciones o retirarse de sus cargos, luego de haber sido desahuciados y haber permanecido en puestos públicos.
Los que decidieron mantenerse en sus cargos y reintegrar la totalidad de sus indemnizaciones a las empresas públicas o fundaciones ligadas al Estado fueron:
Patricio Morales
Daniel Fernández
Luis Alberto Soto
Sergio Arévalo Espinoza
Walton Cherez
Alfonso Yáñez
Raúl León
Guillermo Escobar
María Teresa Chadwick
María Luisa Sepúlveda
María Elena Hermosilla
María Soto
Roy Rogers
John Moreno
Ellos deberán ajustar sus contratos a la nueva normativa propuesta por el Gobierno.
Quienes decidieron renunciar a sus cargos sin reintegrar el dinero que les fue pagado por sus indemnizaciones fueron:
Jaime Jara Miranda
Patricio Artiagoitía Alti
Verónica Baraona
Ximena Serqueira
Ricardo Badilla Ohlbaum
Alvaro Beca
Insulza comunicó que estos antecedentes quedaron a disposición del Consejo de Defensa del Estado, organismo que determinará las acciones legales que se deberán seguir en el futuro.
Finalmente, el Gobierno reprochó las resoluciones adoptadas en Correos y en la ENAP en relación con las indemnizaciones de sus ejecutivos considerándolas "éticamente reprobables y sin justificación alguna".
