SANTIAGO.- Dos nuevas querellas se sumaron hoy al proceso contra Augusto Pinochet en los tribunales chilenos por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo su régimen (1973-90).
La abogada Julia Urquieta, de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), presentó la demanda 176 contra el ex gobernante militar a nombre de la viuda de un contador que fue ejecutado por una patrulla de la Armada en octubre de 1973, un mes después del golpe de Estado.
Se trata de Máximo Segundo Neira Salas, de 34 años, casado con Silvia Oportus Roca, y con cuatro hijos al momento de su arresto. Neira Salas era empleado de Sigdo Kooper, dirigente sindical y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).
De acuerdo al "Informe Rettig", que en 1991 estableció la verdad de lo ocurrido en materia de derechos humanos durante el régimen militar, fue detenido a fines de septiembre de 1973 en su lugar de trabajo.
Fue fusilado el 11 de octubre de ese año en el fuerte Borgoño de Talcahuano, 500 kilómetros al sur de Santiago, junto a otro militante del MIR (de 17 años), sin ser sometidos a juicio previo.
La otra acción judicial fue presentada el jueves por el abogado Hernán Montealegre por la desaparición del arquitecto comunista Alejandro Rodríguez Urzúa, de 49 años.
Rodríguez Urzúa fue detenido el 27 de julio de 1976 en la vía pública por agentes de seguridad que interceptaron su automóvil y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Su vehículo no volvió a aparecer y tampoco se ha vuelto a saber del arquitecto, quien continúa desaparecido.
Las querellas se acumularán al proceso que instruye el juez especial Juan Guzmán, que ha abierto varios frentes de investigación sobre los abusos cometidos durante el gobierno militar y el 8 de agosto pasado logró que se le levantara la inmunidad parlamentaria a Augusto Pinochet.
La Corte Suprema aprobó el desafuero del ex gobernante militar en un fallo que autorizó su procesamiento por homicidio, secuestro calificado, inhumación ilegal y asociación ilícita por el caso conocido como "Caravana de la Muerte".
Se trata de una comitiva militar que visitó varios centros de reclusión después del golpe, dejando 73 víctimas a su paso, de las cuales 19 corresponden a desaparecidos, causa por la cual están procesados seis ex oficiales de Ejército.
El desafuero fue el primer paso para el procesamiento de Pinochet por las violaciones a los derechos humanos cometidos bajo su Gobierno.
Previo a su encausamiento, la ley señala que Pinochet debe ser sometido a exámenes mentales y declarar ante el magistrado, trámites que fueron postergados a principios de octubre por decisión del juez Guzmán.
En el caso de los análisis mentales, la Corte de Apelaciones deberá decidir la próxima semana sobre la petición de la defensa del ex dictador para practicarle exámenes generales, que incluyan también la parte física.
