SANTIAGO.- Los abogados chilenos de derechos humanos instaron hoy al Gobierno de Ricardo Lagos a no intervenir en el proceso judicial seguido contra el senador vitalicio Augusto Pinochet en el país.
En una declaración leída en el Palacio de los Tribunales de Justicia y suscrita por 19 abogados, los profesionales exhortaron también al Gobierno a que no le conceda al ex Presidente "privilegios personales de impunidad".
Los letrados también instaron al Gobierno a que reasuma su deber humanitario de proteger a los débiles, hambrientos de justicia y que "no se incline ante los poderosos, ya colmados de privilegios".
En la declaración, los abogados acusan al Gobierno de pretender liberar a Pinochet por razones de salud del proceso que le sigue el juez Juan Guzmán o de aplicarle la ley de amnistía que el propio general en retiro dictó y firmó en 1978.
"Se busca un privilegio unipersonal, contrario a la igualdad ante la ley y ante el tribunal, que pone en duda la independencia del Gobierno ante el general Pinochet y las Fuerzas Armadas", añade la declaración, cuya lectura fue acompañada por familiares de desaparecidos y ejecutados políticos.
En su nota, los profesionales afirman que ya desde la gestión del ex Presidente Eduardo Frei, el Gobierno amparó a Pinochet y a través de negociaciones logró rescatarlo desde Londres, donde estaba bajo arresto domiciliario, sometido a un proceso de extradición a España.
Los abogados también criticaron recientes declaraciones del Presidente Lagos, quien en una reunión con empresarios habría dicho que el caso Pinochet tendrá "una pronta solución".
"Si llegara a cumplirse tal fatídica promesa, con desprecio del principio de independencia y autonomía del poder judicial, se consumará el más grave crimen de impunidad, que aborrecerá la comunidad internacional", señalan los abogados.
Por último, recuerdan al Mandatario el compromiso que adquirió con el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, durante la visita de éste a Chile, en cuanto a que el Gobierno no interferirá en el proceso judicial al ex gobernante.
Pinochet se encuentra a la espera de que se dirima la controversia suscitada en torno a la disposición del juez Guzmán -que sustancia 177 querellas en su contra- para que se le practiquen exámenes médicos mentales de acuerdo a las leyes penales chilenas, que sólo permiten a un inculpado evadir un juicio por "locura o demencia".
Sin embargo, la defensa del octogenario general impugnó esta resolución ante la Corte de Apelaciones a fin de que los exámenes sean generales y no sólo mentales, asunto que la Sexta Sala del tribunal de alzada analizará la próxima semana.
A favor de Pinochet alegará ante la Corte de Apelaciones el abogado Pablo Rodríguez, quien reemplazará a Ricardo Rivadeneira que estuvo a cargo de los alegatos en el proceso de desafuero del senador vitalicio, que finalmente fue despojado de su inmunidad parlamentaria en agosto pasado.
Pinochet fue imputado en el secuestro de 19 de las 73 víctimas de la "Caravana de la muerte", que recorrió Chile semanas después del pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973 y ejecutó sin sumario a presos políticos.
