SANTIAGO.- El Gobierno de Chile respetará las decisiones judiciales en torno a la situación del senador vitalicio Augusto Pinochet, cuya captura con fines de extradición fue ordenada el viernes por un juez argentino, aseguró hoy el ministro de Interior, José Miguel Insulza.
El juez Juan José Galeano, quien reemplaza a su colega María Servini de Cubría en la investigación del homicidio del general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, acusó a Pinochet de coautor de "homicidio agravado" y de liderar una asociación ilícita, por lo que dictó una orden de captura internacional en su contra.
La solicitud de captura y extradición involucra a otras seis personas, entre ellas a los generales retirados Manuel Contreras, Pedro Espinoza y Raúl Iturriaga, quienes formaron parte de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen pinochetista (1973-1990).
También aparecen mencionados como integrantes de la asociación ilícita el brigadier en retiro José Zara y los civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas.
La secretaria general del Partido Comunista (PC), Gladys Marín, consideró que la petición de extradición de Pinochet por parte de Argentina es "un nuevo llamado de atención" de la comunidad internacional para que se haga justicia en Chile.
"Es un llamado de atención al gobierno de Chile, a los tribunales chilenos, porque si se ha demostrado su responsabilidad directa (en crímenes) no puede haber razones para que el gobierno, el Ejército o quien sea en Chile presione para que en el país no se haga justicia en contra de Pinochet", sostuvo.
Marín alertó sobre lo que consideró como un intento del gobierno para generar impunidad para el octogenario general a través de las admisión de exámenes médicos generales, que eviten el procesamiento de Pinochet en Chile en atención al deterioro de su salud física, asunto que debe ser decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago la próxima semana.
La secretaria general del PC señaló que el asesinato del general Prats y su esposa se perpetró en el marco de la llamada "Operación Cóndor", por la cual las dictaduras militares que gobernaban el Cono Sur americano en los años '70 coordinaron sus aparatos de represión para la persecución y eliminación de opositores políticos, aún fuera de las fronteras nacionales.
El ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats murió en un atentado con explosivos perpetrado en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974 por agentes de la DINA.
El general Prats fue el antecesor de Augusto Pinochet al frente del Ejército y durante el gobierno del socialista Salvador Allende (1970-73) se desempeñó como ministro de Interior y de Defensa y ejerció además la Vicepresidencia de la República.
Desde hace dos semanas se desarrolla en Buenos Aires un juicio oral y público por el asesinato del matrimonio Prats, donde el único procesado es el chileno Enrique Arancibia Clavel, un ex agente de la DINA que está preso en la capital argentina desde enero de 1995.
