SANTIAGO.- El ministro Secretario General de Gobierno, Claudio Huepe, aseguró hoy que la nueva posición que ha asumido el Ejército en casos de violaciones a los derechos humanos no responde a una negociación ni a un acuerdo del Ejecutivo con la institución.
Ello, al comentar la actitud de la institución castrense en el caso del general Hernán Ramírez Hald, quien anticipó su pase a retiro al ser procesado como complice en el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, según se dijo, para no involucrar al Ejército en procesos de ese tipo.
No obstante, aseveró que el gobierno espera que esta nueva posición del mundo castrense, sea aplicada y cumplida siempre.
Asimismo, reiteró que el encuentro sostenido entre el Presidente Ricardo Lagos y el general (r) Ramirez Hald, fue para valorar el gesto realizado por el oficial, de pedir su salida anticipada e impedir así que el Ejército se vea afectado y envuelto en algún proceso sobre violaciones a los derechos humanos.
Frente a esta aclación, el secretario de Estado criticó las opiniones que emitieron algunos legisladores de la Concertación referentes al encuentro, ya que a su juicio, ellos no lograron entender el real motivo de la audiencia.
Por ello, destacó la actitud que tomó el hijo de Tucapel Jiménez y enfatizó que él entendió y aceptó los argumentos del Primer Mandatario para recibir a Ramírez Hald, quien se encuentra detenido por su presunta participación en el asesinato del sindicalista de la Anef.
En tanto, el vocero del gobierno aclaró que el Ejecutivo respetará la independencia y los fallos de los tribunales de justicia, referente a todos los casos que vinculan a miembros de las Fuerzas Armadas y reiteró que Lagos no ha entregado ninguna señal al Poder Judicial.
En la oportunidad, el ministro Huepe acusó a un grupo "concertado" de la oposición de estar desacreditando a las instituciones del Estado y al liderazgo del Presidente de la República, con el propósito de "enlodar la credibilidad de las últimas" frente a la ciudadanía.
Así explicó, las recientes acusaciones de falta de probidad que afectan a la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczanski y al ministro de la Corte Suprema, Luis Correa Bulo.
