SANTIAGO.- El hijo menor del ex gobernante militar Augusto Pinochet, Marco Antonio Pinochet, denunció hoy que existe una verdadera "persecución" contra las autoridades y colaboradores del régimen militar que encabezó su padre entre 1973 y 1990 en Chile.
"Sentimos que aunque esto termine para nuestro padre, la persecución que se sigue haciendo a gente que, de alguna manera u otra, trabajó o fue parte del gobierno de las Fuerzas Armadas, nos sigue afectando", afirmó en declaraciones al vespertino "La Segunda".
En los últimos meses, producto de una nueva doctrina de los tribunales sobre la aplicación de la ley de amnistía, se han reactivado varias causas de violaciones a los derechos humanos en que están involucrados militares.
Esto se suma a los juicios abiertos en el exterior por los crímenes de ex ministros del gobierno de Salvador Allende en Buenos Aires, Roma y Washington, por los cuales fueron condenados agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen de "facto".
Marco Antonio Pinochet sostuvo que aunque su padre sea eximido de ser juzgado por razones médicas, a su familia igual "le afecta lo que se siga haciendo con otras personas".
"Lo más triste es ver cómo se persigue y se apresa a personas cuya culpabilidad no está probada, mientras vemos a tantos terroristas libres por Europa después de haber cometido crímenes", manifestó.
Los últimos militares sometidos a proceso por su vinculación a los excesos cometidos durante la dictadura son el ex auditor de Ejército, general en retiro Fernando Torres, y Hernán Ramírez Hald, primer general en servicio activo en ser procesado por violaciones a los derechos humanos.
Ramírez Hald está procesado como cómplice del asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, perpetrado en 1982, mientras que Fernando Torres fue acusado de encubridor.
El general Ramírez adelantó su retiro del Ejército para no vincular a la institución con la situación judicial que le afecta, actitud que fue aplaudida por el presidente Ricardo Lagos, que incluso su reunió con el oficial el martes pasado.
Frente a este panorama, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) pidió hoy a Lagos que diera a las familias de las víctimas de la represión el mismo trato que se ha otorgado a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos.
La vicepresidenta del organismo, Mireya García, acudió hoy al palacio de La Moneda para solicitar una reunión con el mandatario con el objeto de entregarle antecedentes sobre los abusos de que se acusa al general Ramírez Hald.
Sin embargo, el presidente sólo les concedió una entrevista para dentro de un mes, lo que fue considerado por la agrupación como una "falta de equidad".
Además de ser sindicado como cómplice del homicidio del sindicalista, Ramírez Hald es acusado de tener participación directa en la desaparición del militante comunista José Orlando Flores Araya, quien fue detenido el 23 de agosto de 1974 por "agentes del Estado" sin que hasta ahora se sepa su paradero.
En ese contexto, el ministro de Defensa, Mario Fernández, confirmó que el abogado de la Auditoría General del Ejército, Guido Poli, quien ha sido vinculado a los crímenes de los ex jefes del Ejército René Schneider y Carlos Prats, cesará en sus funciones a partir de diciembre, cuando termina su contrato.
Marco Antonio Pinochet consideró los exámenes mentales y neurológicos como "una luz de esperanza" para su familia, pero señaló que su padre "está mucho más débil, más apagado" y "le cuesta tomar decisiones y sobrellevar los problemas".
