SANTIAGO.- El Gobierno chileno reconoció hoy que entró en vigor una "nueva doctrina" respecto de los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, que supone que todos aquellos que han sido implicados judicialmente en causas de este tipo deben retirarse de sus instituciones.
El ministro de Defensa, Mario Fernández, señaló que la doctrina implica una "nueva pauta de conducta", cuyo eje fundamental es que "las responsabilidades son individuales y no institucionales".
El presidente Ricardo Lagos fue el primero en admitir que había une "nueva doctrina" sobre la materia después de que un general activo involucrado en violaciones a los derechos humanos renunciara a la institución para no salpicarla con su situación judicial.
Se trata de Hernán Ramírez Hald, primer general en servicio activo procesado por los abusos cometidos durante el régimen militar (1973-90), quien ha sido acusado de ser cómplice del crimen del líder sindical Tucapel Jiménez, cometido en 1982.
La actitud de Ramírez Hald de adelantar su retiro del Ejército fue aplaudida por Lagos, quien incluso se reunió el martes pasado con el oficial.
Su conducta contrasta con la del brigadier en retiro Pedro Espinoza, que permaneció en el Ejército hasta el mismo día en que fue confirmada la sentencia en su contra por la autoría intelectual del asesinato del ex canciller chileno Orlando Letelier, perpetrado en Washington en 1976.
En entrevista con el vespertino "La Segunda", Mario Fernández señaló que este cambio se logró "con mucha comprensión mutua, altura de miras y madurez", y felicitó la actitud que han tenido los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas frente a esta situación.
A pesar de las palabras del ministro, el comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, negó que en la institución exista una nueva doctrina sobre los derechos humanos.
"Están equivocados. El Ejército está aplicando exclusivamente la doctrina del Ejército", afirmó escuetamente en una visita a las unidades militares de la zona austral de Chile, a más de 2.500 kilómetros al sur de Santiago.
El ministro de Defensa sostuvo que el Gobierno es optimista en lograr avances significativos hacia la reconciliación en enero del 2001, pero señaló que "no se llegará a ningún fin honorable sin una explicación muy fehaciente a las víctimas".
"Confío terminar el año, en enero del 2001, con pasos muy firmes hacia la reconciliación", afirmó.
La autoridad confirmó que ha conversado la posibilidad de un gran acuerdo nacional sobre el tema con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden.
"No estamos hablando de fórmulas específicas, pero sí de poder generar una atmósfera de comprensión frente a las decisiones que pudieran tomarse", manifestó.
En ese sentido, aseguró que "la sociedad chilena está exigiendo un final" a esta situación y que éste debe ser "honorable, consensuado y legítimo", pero depende de la "voluntad" de la gente y las instituciones para encontrar "el instrumento más apropiado".
