SANTIAGO.- Parlamentarios de la alianza gobernante acusaron hoy al senador derechista Carlos Bombal de estar involucrado en la detención y desaparición de un profesor de la Universidad Católica en 1975.
El secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, y el diputado Sergio Aguiló revelaron que Bombal informó sobre el profesor comunista Alejandro Avalos a agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), quienes lo detuvieron poco después.
El senador "debe pedir perdón, lo que no ha hecho durante todos estos años, por haber sido enlace de la rectoría de la Universidad Católica con la DINA y por tener información directa, a lo menos de un caso de detenido desaparecido", manifestó Escalona.
Agregó que Bombal también debe responder "por saber la identidad de los agentes de la DINA que se entrevistaron con él y por tener la evidencia práctica de que cinco días después de que él entregó la información, fue detenido sin testigos el profesor Avalos".
De acuerdo con el Informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar (1973-1990), Avalos "fue detenido el 20 de noviembre de 1975 por agentes de la DINA".
El profesor permaneció recluido tres meses en el centro de detención de Villa Grimaldi, "lugar desde el cual se le perdió el rastro en febrero de 1976".
El secretario general del PS instó al senador derechista a "decir qué otros detenidos y eventualmente desaparecidos corrieron esa dramática suerte en virtud de los antecedentes que le proporcionó a la DINA en su contacto habitual".
El senador refutó las imputaciones y dijo estar tranquilo y que aclaró toda la situación en los tribunales en 1975.
"Nunca he delatado a nadie y no me puedo hacer cargo de una situación como la que pretenden plantearme. No voy a someterme a la lógica de inventar, denostar y armar todos estos aparatos", afirmó.
Carlos Bombal, quien milita en la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), ha sido el principal instigador de una campaña contra la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (fiscalía general), Clara Szczaranski, a quien acusa de "irregularidades" en su cargo.
Szczaranski considera esa campaña "un intento de asesinar su imagen" pública y hoy anunció que se querellará contra el senador y un consorcio periodístico que ha difundido informaciones que la perjudican.
La presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE) atribuyó esos ataques a los poderes económicos, políticos y de comunicaciones que se han visto dañados por las actuaciones del organismo.
El diputado Antonio Leal, de la fuerza socialdemócrata Partido Por la Democracia (PPD), definió las acusaciones contra el Consejo de Defensa del Estado como un intento por restar credibilidad moral a quienes participaron en el desafuero del ex gobernante militar Augusto Pinochet.
"Lo que ellos quieren demostrar es que la Corte Suprema y la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, que desaforaron a Pinochet, son corruptos", afirmó.
También indicó que el plan de la UDI "es dejar escrito en la historia que quienes participaron en el desafuero de Pinochet tenían una ética poco válida".
El Consejo de Defensa del Estado es parte querellante en el proceso judicial contra Pinochet y también es parte de la investigación que instruye la Justicia argentina sobre el asesinato del general chileno Carlos Prats, perpetrado en Buenos Aires en 1974.
