SANTIAGO.- El ministro del Interior, José Miguel Insulza, informo hoy que el gobierno acepta el dictamen de la Contraloría sobre la validez del pago de nueve millones de dólares como indemnización a los herederos del desaparecido diario Clarín.
"La posición del gobierno es la misma, se podrá pagar o no a los sucesores, pero lo que nos parece completamente impropio es un juicio que anda circulando por los medios internacionales en que son dudosos, incluso, los títulos de las personas que reclaman, tratando de apropiarse de una cantidad bastante mayor de millones de dólares que lo que se asigno en Chile", declaro Insulza al vespertino La Segunda.
De esta forma, el ministro del Interior aludió a una demanda presentada por el abogado español Joan Garcés ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Materia de Inversiones, dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington, con el fin de paralizar la operación.
El abogado interpuso la demanda en contra del Estado de Chile, representando a Víctor Pey Casado, un ingeniero nacido en España quien es el único dueño del recordado diario que era de propiedad de Darío Sainte Marie Sorucco, más conocido por su seudónimo periodístico de "Volpone".
Garcés persigue que con esta demanda, el Estado chileno le pague a través de ese tribunal internacional una cantidad de 517 millones de dólares.
Frente a este tema, el ministro Insulza señaló que lo que corresponde en nuestro país es la aplicación de la ley. "Que a los herederos de los dueños del Clarín se les pague las indemnizaciones que fueron fijadas por ley; eso es lo que corresponde, y si a la Contraloría estima que es eso, será lo que corresponde", indicó.
La historia del caso
La argumentación de Garcés, abogado de la corte de Madrid, es que el Gobierno de Chile respalda expropiaciones realizadas por Pinochet y que un régimen que se dice democrático rechaza pagar por las propiedades incautadas durante el gobierno militar.
Y al denunciarlo en Madrid y Washington detonó lo que se ha llamado "Caso Pey".
Todo comenzó cuando Víctor Pey Casado (actualmente de 83 años, lúcido y saludable) llegó a Chile en 1938 huyendo de la guerra civil hispana. Nacido en Madrid y titulado como ingeniero en Barcelona, se nacionalizó chileno 20 años más tarde. Le fue bien. Fundó varias empresas de ingeniería, construcción y exportación y amasó una fortuna.
Fue uno de los amigos y admiradores de Allende.
Pey sostiene que en 1972 compró al empresario chileno Darío Sainte-Marie, otro cercano a Allende, todos los activos del Consorcio Publicitario y Periodístico, al cual pertenecía "Clarín", diario que apoyó el Gobierno de la Unidad Popular y fustigó a sus opositores.
Ese consorcio es también propietario de gran cantidad de edificios en Santiago y otras ciudades. Tiene inmuebles en Vicuña Mackenna, calles Dieciocho y Tucapel, incluyendo Gálvez con Alonso Ovalle, donde funcionan las fiscalías militares.
En 1997, Pey pidió la protección de la cancillería española denunciando que en 1975 sus bienes fueron confiscados sin indemnización a través de decretos supremos. Según el citado artículo de "El País", el 95 Pey recuperó documentos que acreditan la titularidad de sus acciones en los edificios expropiados.
El argumento del demandante es que cuando en 1990 Garcés creó en Madrid la Fundación Presidente Allende, y que éste dirigiría, le cedió el 90 por ciento de sus derechos confiscados.
Cuando el 95 y 96 el Gobierno de Frei se negó a pagar directamente una indemnización, Garcés golpeó donde más duele. Porque no solamente denunció al Estado chileno en España y en el Parlamento Europeo.
En noviembre del 97, después de que la cancillería española rechazara tres veces las solicitudes de protección diplomática por considerar chileno a Pey, Garcés presentó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo y Diferencias en Materias de Inversión (CIADI), entidad del Banco Mundial, Washington.
El caso está caratulado como "Víctor Pey Casado y la Fundación Presidente Allende versus República de Chile".
