La tramitación de la llamada agenda de seguridad se aventuraba reñida desde que se decidió suspender la semana distrital y regional del Congreso tras el triple crimen de los carabineros. En el Senado, con la votación de la Ley Antiterrorista, y en la Cámara, con la tramitación de las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para policías y las FF.AA.
En el caso de esta última, la iniciativa del Ejecutivo se debatió en las comisiones unidas de Seguridad y Constitución.
La discusión de las RUF fue maratónica. Comenzó el lunes y martes, y se retomó ayer después del feriado del 1 de mayo.
Anteriormente, en parte del segundo semestre del año pasado, la propuesta estuvo frenada e incluso las comisiones unidas no fueron citadas en casi seis meses.
Entre los artículos más controversiales estuvo la delimitación de las reglas del uso de la fuerza, quedando que "en el resguardo del orden público o de la seguridad pública interior, la autoridad militar responsable del mando de las fuerzas implementará las siguientes reglas de uso de la fuerza y, en el ejercicio de sus facultades, podrá precisarlas a través de resoluciones que especifiquen las actuaciones necesarias en cada despliegue operativo, de acuerdo con las circunstancias y de conformidad con los principios y deberes enunciados".
Justicia militar
Con todo, anoche los diputados dieron paso a la indicación de la oposición que de cierta manera habían hecho a un lado, para quedar en último lugar, antes de las normas transitorias. Se trataba de hacer posible ver las causas en el contexto de las RUF en los tribunales militares, lo que enturbió aún más el debate.
La indicación de la discordia fue presentada por diputados de oposición, más Andrés Jouannet (Amarillos) y republicanos.
En su primer inciso, la enmienda plantea: "Con todo, durante la vigencia de los estados de excepción constitucional, la protección de la infraestructura crítica, el resguardo de áreas de zonas fronterizas y el resguardo del orden público en relación a los actos electorales y plebiscitarios, a que se refiere la Constitución Política de la República, los delitos imputados a militares, en acto de servicio militar, en cumplimiento de sus labores, o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los Tribunales señalados en el artículo 1° del Código de Justicia Militar. En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares".
Mientras que en su segundo inciso y final, la indicación señala: "Para los efectos de esta ley, se considerarán militares los funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, constituidos por el personal de planta, personal llamado al servicio; el personal de reserva llamado al servicio activo, los soldados conscriptos, los oficiales de reclutamiento, los cadetes, grumetes, aprendices y alumnos regulares de las escuelas institucionales y de Carabineros de Chile".
Votación y molestia de Tohá
Y cerca de las 22.00 horas, la enmienda se puso en votación.
Primero, su inadmisibilidad reclamada por el oficialismo, la que perdieron y se declaró admisible. Después, se pasó al fondo.
Claves fueron los respaldos de Jouannet y el presidente de las comisiones unidas, Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien en todo momento puso dramatismo a la votación al revelar sólo a último momento su voto.
La indicación se aprobó por 14 votos a favor y 12 en contra. Se trata de una norma que permite que sean los tribunales militares y no la justicia civil los que resuelvan la transgresión de las RUF por parte de los uniformados.
Frente a la cual, el Gobierno se manifestó contrario, ya que se inclina porque sean los tribunales civiles los que decidan.
De todas maneras, la propuesta debe ser votada hoy en sala y requiere de un quórum calificado de 78 votos para ser ratificada, por lo que es probable que se rechace.
Con todo, después de la larga sesión, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dejó anoche el Congreso visiblemente molesta y sin contestar preguntas.
