La trama del error metodológico en las tarifas de la luz suma nuevos antecedentes que dejan en un pie incómodo al Gobierno.
Este lunes, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, transparentó el caso de un error de Transelec que derivó a cobros extra por unos US$100 millones, a raíz de una "sobre valoración que hizo la empresa de su propio capital y el capital se usa para fijar las tarifas", explicó.
"Ha sido menos público, pero acabamos de llegar a un acuerdo con las transmisoras que van a devolver los recursos captados en exceso", sostuvo la autoridad.
Sin embargo, mediante un comunicado, la transmisora detalló que el caso ocurrió "hace más de un año".
"De manera inmediata, a fines de 2024, la empresa comunicó de manera oportuna y voluntaria esta situación al Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía y el Coordinador Eléctrico Nacional, actuando con diligencia, incluso antes de dimensionar completamente el alcance de la situación, y solicitando la adopción de las medidas necesarias para corregir a la brevedad el nivel tarifario y restituir los montos correspondientes a los clientes finales", relató.
El caso es que hasta ayer se desconocía de la anomalía con Transelec, lo que complica aún más el pie del Ejecutivo, luego que trascendiera que, en toda su gestión, no había advertido el error de cálculo de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que provocó el alza en las cuentas de la luz.
Este martes en Radio Pauta, el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, deslizó que "tengo la sensación de que esto va a traducirse en que va a revivir una acusación constitucional contra mi exministro Pardow".
No solo la tarifas
Como sea, este no el único episodio que ha puesto bajo cuestión la transparencia del Ejecutivo. Otro fue el caso que protagonizó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en que se cuestionó al Presidente el haber mantenido bajo reserva la denuncia por presunto abuso sexual que había sido ingresada por una subalterna del socialista, el lunes 14 de octubre del 2024.
La versión de Boric es que se enteró parcialmente de la denuncia el martes 15 de octubre y que entonces ordenó la recopilación de antecedentes. Sin embargo, el Gobierno no abordó la situación hasta que esta se destapó por la prensa el jueves 17. Luego que La Segunda develara el caso, el Presidente concretó la salida de Monsalve y contactó al entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, para que asumiera en su reemplazo.
En la oposición acusaron que este radicaba en un "pacto de silencio", del Mandatario con su entonces jefe de asesores, Miguel Crispi, y su jefe de gabinete, Carlos Durán, a quienes comentó el asunto. La premisa fue rebatida por la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien reprochó al sector de utilizar el caso Monsalve como "botín político".
Otra trama que habla de la opacidad el Ejecutivo es el caso Convenios.
Las declaraciones que ha entregado a la Fiscalía la exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas -a quien el Gobierno adjudicó el grueso de la responsabilidad del convenio suscrito entre el exseremi de Antofagasta y Fundación Democracia Viva- contrasta con la versión que ha dado el ministro de Vivienda, Carlos Montes.
Si bien el jefe del Minvu indicó que se enteró del caso el 16 de junio del 2023, con la publicación del medio regional Timeline, Rojas aseveró a la justicia que hizo llegar una minuta del caso al ministro el 8 de junio. "Yo misma dejé sobre su escritorio", dijo, explicando que "era un resumen, pero estaba toda la documentación fundante".
"Luego, el ministro nada me preguntó sobre el tema, pero desconozco la razón, no puedo afirmar si lo leyó o no", dijo en su segunda declaración a Fiscalía.
Del mismo modo, el Mandatario dijo haber conocido de la irregularidad el mismo día que se publicó la noticia. Sin embargo, en su comparecencia en comisiones investigadoras de la Cámara por el caso, Crispi admitió haber sabido de un "rumor" del convenio, el 7 de junio.
Otra trama fue la de los indultos otorgados a fines del 2022 por Boric a jóvenes condenados por hechos cometidos durante el estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. La decisión del Mandatario abrió un crisis al Ejecutivo, debido al amplio prontuario delictual que registraban algunos de los beneficiados.
El Mandatario reconoció desprolijidades en la ejecución de los indultos y desvinculó de su cargo a su jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía, y a la ministra de Justicia Marcela Ríos. Sin embargo, una inconsistencia que dejó la versión del Gobierno, fue el nivel de conocimiento que el Presidente tenía del expediente de los jóvenes indultados.
Mientras en enero del 2023, la ministra Vallejo sostuvo que "si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta", Luis Cordero, entonces recién asumido titular de Justica, confirmó en marzo de ese año que el Mandatario sí tuvo a la vista los informes negativos de la Contraloría sobre seis de los indultados.
