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Santiago: Martes 16 de diciembre del 2025 | Actualizado 02:39
| Financiamiento: Plan de fortalecimiento a diez años y préstamo al BID |
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| Se entregarán por $150 mil millones en un plazo de diez para un plan de fortalecimiento de las universidades estatales, enfocado en potenciar sus planes de desarrollo. Para financiar ese plan, se solicitará un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En paralelo, se incluye un fondo permanente para esos planteles, que amarre por ley los recursos que hoy se entregan vía Ley de Presupuesto –por el "Convenio Marco"– el que tendrá un piso mínimo. Crítica desde las universidades: Consideran que el fondo es insuficiente para fortalecer a las universidades estatales. Afirman que el financiamiento tiene que ser través de aportes directos y permanentes, que aseguren el funcionamiento básico de todas las actividades universitarias, considerando los costos operacionales y de inversión y las particularidades de las regiones. Además abogan por que el plan de fortalecimiento contemple aumentar la matrícula de las universidades estatales, que hoy sólo llega al 15% del total del sistema. |
| Cambios en el sistema de gobierno universitario |
| Se establece que, junto con el rector, habrá un Consejo Superior, que tomará las decisiones en temas centrales (como aprobar el plan de desarrollo y el presupuesto), conformado por nueve miembros: tres los nombrará el Presidente de la República, tres la comunidad universitaria, dos serán profesionales externos, más el rector. También habrá un Consejo Universitario, integrado por representantes de los distintos estamentos (académicos, funcionarios y estudiantes), el cual deberá asesorar, proponer iniciativas al rector y "ejercer funciones consultivas". También se establece que deberá haber una carrera académica para los docentes, que sea transparente y basada en la excelencia; y una carrera funcionaria para el personal no académico. Crítica desde las universidades: El CUECh pide que la composición del Consejo Superior garantice que los miembros externos no tengan poder de veto; que el Consejo Universitario sea resolutivo en temas académicos; y que se respeten los estatutos y la gobernanza de los planteles que los definieron en democracia. El caso emblemático es la U. de Chile, que tiene un sistema de gobierno distinto, con un Senado Universitario donde los estamentos tienen voz y voto. Ellos critican que, con el proyecto, la comunidad universitaria perdería influencia y quedaría relegada a un rol consultivo y no resolutivo, como hasta ahora. Para ellos la solución pasa no por ser excluida del proyecto en ese ítem, sino que "se establezca una fórmula que permita a cada universidad, de manera flexible, contar con el gobierno que mejor responda a la voluntad de su comunidad". El CUECh también exige que los funcionarios se mantengan en el régimen administrativo actual y se consideren empleados públicos, regidos por el estatuto administrativo. |
| Consagra su misión: Laicas y con libertad de cátedra |
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| Explicita la misión de los planteles estatales, señalando que deben "generar y transmitir el saber superior" y "satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad, con vocación de excelencia". Dice que son autónomas para establecer su funcionamiento interno, estatutos y planes de estudio, aunque éstos deben fundarse en los principios de "pluralismo, libertad de pensamiento y expresión, libertad de cátedra e investigación, laicidad, participación, excelencia, transparencia, no discriminación, equidad, inclusión y colaboración". Señala que el Estado será el "responsable de fomentar la calidad de sus universidades, bajo criterios de excelencia, equidad territorial y pertinencia de la oferta académica, de acuerdo a las necesidades e intereses del país". |
| Reduce carga burocrática: Elimina trámite ante Contraloría |
| El proyecto incluye medidas para alivianar los procedimientos burocráticos que rigen a los planteles estatales, al ser entidades públicas, con el fin de agilizar su gestión. Así, se establece un régimen especial de compras públicas en los casos que se relacionen con su actividad educativa, como la compra de libros o materiales; se elimina la toma de razón de la Contraloría General de la República para la mayoría de sus actos administrativos; y se crea una "Contraloría Universitaria", para que controle la legalidad de sus actos administrativos y audite sus recursos. |
| Más coordinación: Ues estatales se articularán en red |
| El proyecto de ley también promueve el trabajo coordinado y la colaboración entre las universidades del Estado, fomentando su vinculación con el territorio. Para eso, se crea un Consejo de Coordinación de esos planteles, para facilitar su acción en forma articulada. |
