BOGOTÁ.- La Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó hoy al Presidente de ese país, Álvaro Uribe, de obstrucción a la justicia, luego de que el gobernante señalara a un magistrado de ese tribunal de tratar de implicarlo en actividades ilícitas con paramilitares de derecha.
El presidente del tribunal supremo colombiano, César Julio Valencia, rechazó en declaraciones a Caracol Radio un comunicado emitido por la Presidencia de la República, en el que se denunció que un magistrado de dicha corte presuntamente ofreció beneficios a un paramilitar para que involucrara a Uribe en un crimen.
La Presidencia señaló que José Orlando Moncada Zapata, alias "Tasmania", preso en una cárcel del departamento de Antioquia, envió una carta en la que denunció que le contactaron para ofrecerle beneficios si acusaba a Uribe y a otras personas no identificadas de ser inductores de un atentado contra el paramilitar Alcides de Jesús Durango, alias "R".
Según la Presidencia, en esa carta, "Tasmania" cuenta "cómo fue abordado en la cárcel de Itagüí y llevado a las instalaciones de la Fiscalía, en Antioquia, en donde el magistrado Iván Velásquez le ofreció beneficios a él y a su familia, a cambio de declarar en contra del Presidente Uribe".
"Todo es absolutamente inexacto. Esos hechos son gravísimos y no sólo están referidos con la seguridad del doctor Velásquez, sino que implican graves actos de obstrucción a las investigaciones que realiza esta corporación en varios asuntos y, en particular, al que han denominado parapolítica", expresó Valencia.
Subrayó que Velásquez "no ha hecho nada indebido".
Este magistrado había declarado a la misma estación de radio que lo denunciado en el comunicado de la Presidencia "es absolutamente falso".
Velásquez reveló que el Presidente Uribe lo llamó hace pocos días por teléfono preocupado por decisiones de su despacho.
Uribe rechazó estar obstruyendo la justicia.
"Yo simplemente pido que se haga justicia. Que se le diga al país si el Presidente es un asesino", expresó al informativo de televisión CM&.
Explicó que le acusan de que en el año 2003 mandó "a un paramilitar que está en la cárcel, a matar a otro paramilitar que está en la cárcel".
"Ésta es un acusación sumamente grave", dijo.
Uribe subrayó que su gobierno "es el que ha desmontado el paramilitarismo, así como es el gobierno que ha hecho todos los esfuerzos para financiar la justicia", a la cual, aseguró, casi se le ha duplicado el presupuesto.
Manifestó que también el gobierno tiene derecho "a que estas cosas se aclaren y a pedirle a la Corte Suprema".
"Que se investigue si es verdad que el Presidente de la República mandó a asesinar a un paramilitar", pidió el Jefe del Estado.
Esta polémica surgió en medio del proceso que está en poder de la Corte Suprema de Justicia por los nexos de decenas de políticos con escuadrones paramilitares de derecha, que tiene tras las rejas a una treintena de congresistas, ex congresistas y ex funcionarios, la mayoría miembros de partidos que apoyan a Uribe.
El gobierno de Uribe celebró entre 2003 y 2006 conversaciones de paz con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizó a más de 31.000 combatientes.
Las AUC surgieron en 1994 para agrupar a las cooperativas de defensa campesina creadas desde la década de 1980 para combatir a las guerrillas izquierdistas.
