En "un tiempo más", según sus propias palabras, el Presidente Gabriel Boric se trasladará a vivir a la comuna de San Miguel, dejando atrás los más de tres años que ha vivido en la gran casona de Barrio Yungay, en el pasaje Huérfanos, entre las calles Libertad y Esperanza.
El anuncio lo hizo hoy, durante una actividad en la comuna de San Joaquín: "Es una alegría como siempre estar de nuevo en San Joaquín. Me gusta harto venir, estoy viniendo harto además porque los abuelos de mi compañera viven por acá (...) Vamos a ser vecinos pronto porque me voy a ir a vivir a San Miguel en un tiempo más", dijo el Mandatario.
Aunque hace poco había trascendido que su pareja, Paula Carrasco, se trasladaría a la casona de Barrio Yungay, sin embargo, el anuncio del Presidente da cuenta que, de todas formas, la decisión será continuar con la vida en familia en otra comuna de la capital.
La elección de la casona
En febrero de 2022 ya transcurrían rumores de que Barrio Yungay sería la zona elegida por Boric para vivir; la decisión era una "señal" de austeridad y del "contacto" que el Presidente electo buscaba mantener con la gente, a diferencia de otros ex Mandatarios, que optaban por vivir en el sector oriente. Esto, sumado a la cercanía -apenas 10 minutos en vehículo-, con el Palacio de La Moneda.
La zona fue declarada Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile en la categoría 'Zona Típica', mediante Decreto Supremo N° 43 de febrero de 2009, por su arquitectura patrimonial, gastronomía e hitos históricos que marcan su esencia.
Pero el arribo de Boric avivaba otra expectativa en los vecinos: mayor seguridad y la "reactivación" de un barrio que no quedó ajeno a la crisis de seguridad.
El 13 de marzo de 2022, cuando el Presidente y su entonces pareja, Irina Karamanos, llegaron a instalarse definitivamente a la casa patrimonial, el Mandatario afirmó: "Es muy emocionante, pero siempre hay que cuidar las expectativas".
Crisis de seguridad
Pese a que en noviembre de 2022 el barrio fue catalogado por la revista británica Time Out como uno de los más "cool" del mundo, este seguía enfrentado problemas relativos a la crisis de seguridad: delitos incluyendo homicidios, riñas e incendios a vehículos llevaron en varias ocasiones a centrar la atención en la zona.
La lista de hechos delictivos no fue discreta: en agosto, sujetos llegaron a un servicentro ubicado a sólo tres cuadras de la casa del Mandatario e incendiaron un vehículo; en octubre de 2022, un hombre resultó herido de gravedad tras ser apuñalado en el la intersección de las calles Libertad con Rosas; y en enero de 2023 se encontró el cadáver de un hombre con siete impacto de balas en su cuerpo; y un turista estadounidense fue asesinado en el sector de San Pablo con General Bulnes.
En enero, otro caso conmocionó al vecindario, luego que
dos religiosas de la Congregación Hijas de San José Protectoras de la Infancia -ubicada a unos 300 metros de la casa del Presidente- fueran tomadas como rehenes y fueron atadas. Los sujetos escaparon con $1 millón en efectivo.
En junio de 2024, se encontró un hombre atado de manos y baleado en la intersección de San Pablo con Libertad. Sobre ese caso, la entonces alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), contra quien se acumulaban las críticas por la gestión en seguridad, reconoció problemas en esta materia en la zona, aunque resaltó que las labores de copamiento que encabezaba el municipio habían permitido recuperar unas 20 viviendas que estaban tomadas "por la delincuencia y el narcotráfico".
Y es que el tema de la seguridad fue un dolor de cabeza para esa administración. Varias voces, como la del músico Mauricio Redolés, acusaron que el barrio se había convertido en "tierra de nadie"; mientras que el concejal Juan Mena (RN), acusaba que el barrio no mejoró en cuanto a seguridad, aun con el Presidente viviendo en la zona; y la concejala Rosario Carvajal (Ind.), apuntaba a la persistencia de "rucos" en el lugar y medidas poco efectivas.
A tal punto había escalado la crisis, que en enero de ese año, la Tercera Sala de la Corte Suprema había ordenado a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana y a la Municipalidad de Santiago tomar medidas con el objetivo de garantizar el bienestar de los residentes del sector de Parque Portales, en el Barrio Yungay. Esto, luego de alegaciones de vecinos de que no se respetaban sus garantías constitucionales.
