Un amplio debate ha emanado del lapidario informe de Contraloría, que develó que 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica, entre el 2023 y el 2024.
Medidas tanto para castigar el mal uso de este derecho, como para reformar el sistema y alertar sobre el éxodo de personas que están cursando una licencia médica, han surgido en la amplia reprobación que ha concitado la investigación del ente contralor.
En eso, actores del circuito político y gremial han hecho patente su condena. En el caso de los candidatos presidenciales, la abanderada de la UDI y RN, Evelyn Matthei, comentó que "mientras no hay recursos para atender pacientes con cáncer o mujeres tienen partos sin anestesia, otros despilfarran el dinero de todos los chilenos. Se debe instruir sumarios y sacar a quienes abusan".
Por su parte, la candidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, comprometió que en "nuestro Gobierno vamos a combatir las licencias falsas, especialmente en el Estado. Fiscalización, sanción y fin a los abusos".
A su vez, el aspirante a La Moneda del Partido Republicano, José Antonio Kast, apuntó que "las licencias médicas falsas y los abusos al sistema se han convertido en una verdadera estafa al Estado que perjudica también a todos los trabajadores".
Del mismo modo, el abanderado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, acusó que "25.000 enfermos haciendo turismo es un robo indefendible. Las licencias falsas muestran una burocracia que se ha dejado de estar".
Al respecto, el presidenciable del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, inquirió: "¿Qué les parece si empezamos por despedir a los 25.000 funcionarios públicos que salieron al extranjero teniendo licencia?".
Gremios y Compin
En la vereda de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, el mal uso de las licencias médicas también ha sido reprobado de forma contundente.
Su presidente, José Pérez, consideró grave la realidad develada por la Contraloría. "Si fuera un hecho de las características de licencias médicas fraudulentas, eso es corrupción. En el Estado tenemos los procedimientos para investigar estas situaciones irregulares y si así lo fuera", comentó.
Del mismo modo, consideró necesario "observar y mirar a los médicos" que extienden este tipo de licencias. "Esperamos que se investigue, que el debido proceso sea parte de esta investigación en todas las instancias, porque aquí están las corporaciones municipales, entidades privadas que dependen de los municipios y servicios públicos", dijo.
En su comunicado, la ANEF también reconoció que "nos llama la atención que se pretenda instrumentalizar situaciones que son irregulares y faltan la probidad en contra de las y los trabajadores del Estado".
La Asociación de Isapres planteó que ha habido un aumento "exponencial" de estos permisos y que a la vez "han proliferado los casos de fraude". "Los hallazgos también demuestran que el modelo de licencias médicas está agotado y evidencia la necesidad de una completa transformación", sostuvieron.
Desde la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin, tildaron de "gravísimo" lo revelado, pero también aseveraron que el informe de Contraloría va en la línea de sus hallazgos.
La entidad aseveró que han redoblado los esfuerzos para atacar esta falta a la probidad. Por ejemplo, se inició en 2024 un trabajo coordinado con algunas instituciones públicas para abordar el ausentismo y el mal uso de licencias y se han hecho 293 denuncias al Ministerio Público e iniciado sumarios.
Asimismo, se informó que "se han rechazado todas las licencias médicas asociadas a estos funcionarios para que realicen devolución de estos recursos mal habidos".
Gobierno
Este miércoles, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, volvió a abordar la problemática de las licencias, especificando las determinaciones adoptadas por el Ejecutivo.
"Hemos dicho en primer lugar que es grave. Valoramos el informe de la Contraloría, se enmarca dentro de una serie de esfuerzos que se venían desarrollando desde antes por parte del Gobierno", indicó.
Así también, reiteró que "vamos a solicitar a su vez un informe a todos los ministerios y servicios" y a "enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se ejerzan acciones penales o civiles según sea el caso". También, "se van a instruir sumarios para que finalmente esto quede completamente esclarecido".
Aquilatando la coyuntura, el jefe de gabinete aseveró que esta "es una conducta inaceptable, grave, estamos en presencia de un abuso respecto de un derecho de los trabajadores y trabajadoras que todos debemos también proteger adecuadamente".
"Cuando un trabajador se enferma tiene derecho a guardar reposo para recuperarse y seguir un tratamiento médico, también tiene derecho al subsidio de incapacidad laboral, entre otros, pero lo que es inaceptable es que personas inescrupulosas abusen de esta herramienta de protección a las personas y lo utilicen para fines distintos", adujo.
