Gobernador RM, Claudio Orrego.
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Finalmente, la bancada de la UDI del Consejo Regional Metropolitano decidió sumarse a la arremetida de los republicanos y solicitar que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) se pronuncie respecto de la continuidad en el cargo del gobernador Claudio Orrego (Ind.).
La ofensiva de la bancada del Partido Republicano surgió tras un informe de la Contraloría que detectó un presunto uso de recursos públicos en la campaña de reelección del gobernador. Apenas conocida esta información, la tienda apostó por buscar la destitución de Orrego. Sin embargo, les faltaba el apoyo de al menos un consejero regional más: cuentan con 11 de los 34 consejeros, y se requieren 12 respaldos para impulsar el proceso ante el Tricel.
En ese contexto, la firma de los consejeros de Chile Vamos se volvió clave.
Este viernes, Álvaro Bellolio (UDI) confirmó el apoyo de todos los integrantes de su bancada: Pedro Pablo Herreros, Nicole Aguilera Ramírez y Javier Ramírez González.
Bellolio expuso una serie de irregularidades que, a su juicio, deben ser sancionadas por el Tricel, e hizo un llamado a que el resto de las bancadas del Consejo Regional se sumen.
"No solo el caso Procultura, donde hay caso de duda de fiscalización, sino que adicionalmente nos entregaron más material que hacen que la decisión de acudir al Tricel sea inminente. El caso concreto, muchos de ustedes recuerdan esa página web, no muy bien diseñada, donde recibieron dos tratos directos por $110 millones. Nos hemos enterado que un alto directivo del Gobierno Regional, es socio del dueño de esa empresa, donde evidentemente el conflicto de interés y la negociación incompatible hacen otra falta a la probabilidad", dijo Bellolio.
"La justificación del trato directo con esa empresa, en el considerando siete, es que es muy complicado licitarlo, y realmente vemos como sistemáticamente se ha ocupado el trato directo para financiar a instituciones donde existe conflicto de interés", agregó al respecto.
Añadió: "No solo eso, tenemos además más información, donde el año 2022 y 2023, también a través de licitación, se contrató a una fundación asociada a la madre del ese entonces subsecretario Miguel Crispi, quien está a cargo de ver las partidas presupuestarias y asociados al presupuesto del Gobierno Regional".
"Entendiendo lo que ha sacado la Contraloría, donde los catorce puntos solo subsanaron cuatro, hay diez puntos adicionales, y se entregaron antecedentes a la fiscalía. Donde existe este evidente conflicto de interés y este problema con esta empresa de contadores, que está asociado a un directivo del Gobierno Regional, donde hay muchas dudas de la contratación de un pariente del ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional. Es que nosotros como bancada UDI estamos disponibles y vamos a trabajar en el escrito para que sea otra instancia, en este caso el Tricel, el que evalúa esta falta de la probidad y pueda ver las distintas sanciones que puedan haber al Gobierno Regional", concluyó.
