El director de la unidad especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, abordó esta jornada el caso de los siete suboficiales del Ejército dados de baja en el marco de una investigación por tráfico de droga, entregando un análisis en torno al crimen organizado y los agentes del Estado.
En conversación con Radio Pauta, el director sostuvo que "el crimen organizado en Chile ha cambiado sustancialmente en los últimos años", debido a que el mismo "se ha profesionalizado más, que está mucho más agresivo, que además, se organiza de una manera distinta, que tiene distintos fenómenos, distintas facetas".
Por lo mismo,
"la cooptación de los agentes del Estado es fundamental", afirmó, añadiendo que "siempre supimos que este crecimiento del crimen organizado
necesariamente iba a traer aparejado el intento de cooptación de funcionarios públicos para las distintas etapas".
En ese sentido, Castillo narró que "en el tema de los controles fronterizos, la penetración del crimen organizado respecto de los agentes policiales o de seguridad es también relevante", destacando "hace unas semanas atrás teníamos casos de carabineros que estaban vinculados con contrabando en la misma fiscalía regional, en la misma situación: aprovechándose de la porosidad y de la dificultad de control que tiene nuestra frontera".
Aseveró que el Ministerio Público tiene una "especial preocupación" en la zona norte de Chile, producto de que "el país se juega en parte el control que hemos venido haciendo respecto del crimen organizado".
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, había asegurado que "es el hecho más grave que hemos tenido registro en el último tiempo". Al respecto, Castillo indicó que "comparto lo dicho por el ministro".
"Cuando uno esto lo asocia a experiencias latinoamericanas, por ejemplo, México o Colombia, incluso en Ecuador, con algunas agencias policiales, (...) surge la preocupación respecto de la capacidad de cooptación de las organizaciones criminales respecto de los agentes del Estado", prosiguió y señaló que "es algo que hemos podido ver en distintas agencias estatales: el Ministerio Público hoy tiene investigaciones bastante robustas en este último tiempo respecto de distintos agentes".
El Tribunal de Garantía de Iquique decretó ayer la prisión preventiva para los 7 suboficiales y una civil.
Los ex militares cumplirán la prisión preventiva en dependencias del Ejército, mientras que la imputada civil lo hará en un centro penitenciario.
