El fiscal nacional,
Ángel Valencia, abordó los casos de tráfico de drogas detectadas en las últimas semanas en el Ejército y en la Fuerza Aérea (FACh), situación que no sólo abrió las alertas por los presuntos nexos con el crimen organizado, sino que, en el plano judicial -en el caso de la FACh-, derivó en una disputa de competencias entre la justicia militar y el Ministerio Público.
Valencia comentó esta mañana, en conversación con Radio ADN, que no hay antecedentes que permitan sostener "que esta es una situación generalizada en las FF.AA. ni mucho menos. Hasta el momento no tenemos antecedentes que nos permitan hacer una afirmación tan grave y delicada como esa".
De todas maneras, especialmente respecto al caso de la FACh, donde funcionarios intentaron pasar una maleta con cuatro kilos de ketamina, el fiscal reconoció que "sería muy extraño que fuera la primera vez. Normalmente en el narcotráfico sabemos que quienes cometen narcotráfico van probando rutas, ciertos sistemas que han dado resultado, van aumentando volúmenes, por lo tanto, en la experiencia en lo que se refiere a esta actividad criminal, indica que uno puede sospechar que no es la primera vez".
Consultado por la disputa de competencias, y la posibilidad de que la pugna que existió entre el Ministerio Público y la Fiscalía de Aviación pudo haberles dado más tiempo a los cabecillas de la organización criminal para seguir operando, Valencia reconoció que esto pudo significar un retraso en la indagatoria. "Sí, no cabe duda que esto dificulta la investigación, la entorpece, no es para nada algo beneficioso".
En ese sentido, explicó que "en todo Estado de Derecho puede haber diferencias jurídicas razonables, legítimas, dentro del ámbito de las atribuciones sobre lo que es de competencia de la justicia civil y aquello que deben ser juzgado conforme al procedimiento que se se rige para conflictos militares, hay una zona gris".
"El punto es que aquí me parece que esto no era gris, para nosotros estaba bastante claro que era de competencia de la justicia civil. Si el lugar de ocurrencia de los hechos es una circunstancia muy relevante para los efectos de determinar competencias conforme al código orgánico de tribunales, los hechos debe entenderse que ocurren, para efectos de competencia, en el lugar donde empieza su ejecución. Para que este delito fuera competencia de la justicia militar, tendría que haberse comenzado a ejecutar dentro de un cuartel de la Fuerza Aérea, entonces tendríamos que suponer que había un laboratorio dentro de la FACh y todos los requerimientos de insumos... nadie ha planteado que haya ocurrido de esa manera, y es una hipótesis bastante bizarra".
En ese sentido, Valencia reflexionó que las diferencias procesales que entorpecen la investigación, "no contribuyen en nada a la justicia, al combate a la impunidad, al combate al crimen organizado. Necesitamos reglas claras, procedimientos claros, y el actuar de las instituciones conforme a sus procedimientos". Por eso, dijo esperar que a partir de la resolución que tome el juzgado de garantía de Iquique el próximo 18 de julio -respecto a la disputa de competencias- "se fije un criterio claro, y estoy muy confiado que así va a ocurrir, de manera que no volvamos a tener tironeos de este tipo".
Con todo, el fiscal nacional reflexionó que estas tensiones "quizás son un síntoma de nuestra falta de experiencia en hechos como este, y nuestra falta de experiencia es bastante comprensible. Nosotros no estamos habituados a que haya aparente casos de narcotráfico en las instituciones armadas, y esperamos no tener que acostumbrarnos".
Eventuales nexos con el Tren de Aragua
Respecto al avance del crimen organizado y los presuntos vínculos que se habrían dado en los casos del Ejército y la FACh, el fiscal expresó que "todos los días" estos grupos están tratando de permear a las instituciones, "y si no consiguen sobornarlos, amenazarlos". De todas maneras, dijo que "todavía es muy audaz pensar que esto está extendido".
Consultado por el vínculo que podría haber existido en el caso particular de la FACh con el Tren de Aragua, debido a que los exfuncionarios estaban intentando trasladar ketamina, el fiscal sostuvo que "lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser el caso", afirmó el fiscal nacional.
Asimismo, subrayó que para combatir este tipo de organizaciones se necesita cooperación internacional. "Podemos eliminar a los que trajeron la droga, pero si no atacamos a los que la están proveyendo -y muchas veces se encuentran en el extranjero- o que la están financiando, y especialmente si no nos hacemos cargo de perseguir sus finanzas y quitarles sus activos, quitarles sus fondos, no vamos nunca a interrumpir esa actividad criminal", zanjó.
Sin embargo, subrayó que "también se necesita un esfuerzo coordinado, conjunto, para poder tener algo similar a lo que tienen en Europa, un esfuerzo de Países Bajos, que trató de liderar una alianza contra el crimen organizado, que junta fiscalías más allá de la UE. Estamos tratando de hacer algo similar con las fiscalías del Mercosur".
