Diputados de la bancada del Partido Socialista.
Aton
Esta semana avanzó en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados el proyecto que busca eliminar la Unidad de Fomento (UF) en créditos hipotecarios, contratos de arriendo, pagos de aranceles de educación y prestaciones de salud.
La iniciativa, impulsada por los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini - y respaldada por Ana María Bravo - ha generado tensión con el Ejecutivo, particularmente con el Ministerio de Hacienda, que ha manifestado una serie de reparos.
Además, a juicio de parlamentarios de oposición, la propuesta tendría un carácter populista y estaría motivada por fines electorales.
Entre las advertencias más categóricas, el ministro Mario Marcel señaló que "la eliminación de la UF sería un terremoto para el crédito hipotecario en Chile", especialmente en un contexto donde existe un "déficit habitacional, el valor del suelo está en aumento y se ha disminuido el acceso a la vivienda propia".
El titular de Hacienda, también advirtió que, en ausencia de la UF, podría surgir "un mecanismo de indexación alternativo", como el uso del IPC según su variación mensual o incluso una moneda extranjera.
Pese a las alertas del Gobierno, los autores del proyecto han reafirmado su compromiso con la iniciativa.
Daniel Manouchehri indicó que, respecto a la UF en los créditos hipotecarios, "estamos abiertos a buscar fórmulas que no afecten el acceso al crédito y den opciones más justas". Añadió además que "lo importante es que por fin se está abriendo una discusión que la ciudadanía entiende, valora y espera".
Esta no es la primera arremetida de parlamentarios del Partido Socialista que incomoda al Ejecutivo.
El diputado Daniel Melo se ha posicionado como el líder de los rebeldes contra el proyecto de "permisología", impulsado por el Gobierno y aprobado por el Congreso Nacional.
Más de 40 diputados se alinearon con Melo para impugnar dicha normativa —que regula los permisos sectoriales— ante el Tribunal Constitucional. En contraste, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ha defendido la iniciativa reiteradamente, afirmando que se trata de "un buen proyecto para el país".
Al momento de despacharse la ley, Melo sostuvo que esta "vulnera el derecho a la salud y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación".
En la misma línea, la diputada Daniella Cicardini recalcó que "jamás dijimos que agilizar permisos debía ser a costa del medioambiente o los derechos de las personas".
