Un nuevo golpe de la Contraloría General de la República desató reacciones en el Congreso donde parlamentarios exigieron sanciones para los funcionarios públicos que hicieron un mal uso de las licencias médicas.
Según el organismo, un total de 13.286 funcionarios públicos asistieron a al menos uno de los 25 casinos de juego existentes en el país mientras se encontraban con licencia médica entre 2023 y 2024. Además, se reveló que 1.486 de ellos ya habían sido identificados en mayo pasado como parte del grupo que, estando con licencia, viajó fuera del país.
Frente a este escenario, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que "el Consejo de Defensa del Estado debe hacer denuncias en la justicia para que se investigue adecuadamente y a través de demandas civiles".
El parlamentario enfatizó la necesidad de "recuperar los recursos que hayan sido mal utilizado con el uso de estas licencias médicas (…) y también hacer los sumarios respectivos para sancionar debidamente a quienes abusaron del sistema y eventualmente sean removido de sus cargos".
Agregó que "lamentamos que sea el área municipal y el área de salud quienes más tengan y se repitan estos casos, considerando la importancia y la relevancia que tienen (…) creemos que hay que terminar de una vez con los abusos, y es bueno que se denuncie adecuadamente y valoramos el trabajo que ha hecho la Contraloría, porque va develando cuáles son los malos usos y malas prácticas que hoy día existen en el sistema público que hay que erradicar".
En la misma línea, el jefe de bancada del PPD-Independientes, Héctor Ulloa, manifestó que “la Contraloría continúa haciendo muy bien su labor fiscalizadora”.
"Esperamos que se realicen los sumarios correspondientes, y que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado investiguen con severidad estos casos de fraude al fisco", añadió.
Finalmente, advirtió que “esto no puede quedar impune. Tenemos que terminar con este verdadero tráfico de licencias médicas truchas, que no sólo ocurre en el sector público, sino que también en el sector privado".
Por su parte, el diputado Henry Leal (UDI) dijo que “esto ha pasado todos los límites, es una sinvergüenzura, acá no hay ningún pudor”.
"Le estamos pidiendo formalmente al señor fiscal nacional que designe fiscales especiales con dedicación exclusiva a ejercer las acciones legales para perseguir, formalizar y condenar a estos sinvergüenzas que se están aprovechando del sistema, pero al mismo tiempo le estamos pidiendo y le pedimos formalmente al Consejo de Defensa del Estado, organismo que está destinado a resguardar los intereses del fisco, a que ejerza las acciones legales para recuperar los dineros defraudados", añadió.
Por su parte, el diputado Jaime Sáez (FA) sostuvo que "en Chile hay un conjunto de frescos de raja que están en el servicio público que tienen que ser perseguidos, sancionados y eventualmente destituidos de sus cargos, porque en definitiva ese viejo cliché que dice que uno está en el servicio público para servir y no ser servido en este caso evidentemente no se cumple".
"Eso crea un manto de duda sobre la importancia que tiene el servicio dentro del Estado para todo nuestro país y eso es algo que Chile no se puede permitir. Nosotros tenemos que fortalecer el rol del Estado y no debilitarlo y evidentemente cuando hay conductas que atentan contra la probidad, como es por ejemplo el uso fraudulento de licencias médicas, eso va en desmedro de un fortalecimiento del Estado y de la confianza que la ciudadanía debe tener en el mismo", cerró.
