A poco más de un mes que se supiera la liberación por error de Alberto Carlos Mejía, el sicario venezolano acusado del homicidio del "Rey de Meiggs", ahora surgen dos nuevos casos similares.
Uno ocurrió en la cárcel de
Copiapó y otro en el de La Serena. En el primero se trata de un imputado de iniciales M.A.F.B. quien tenía varias causas pendientes y mientras cumplía una pena de 41 días por un delito, fue sentenciado a 541 días de presidio por otro hecho de tráfico de drogas.
Por causas que aún se investigan, fue puesto en libertad tras cumplir su primera sentencia.
El segundo, identificado como L.A.S.L., es un imputado que fue detenido por un delito de tráfico y quedó recluido en Copiapó. Lo trasladaron a La Serena luego que la fiscalía lo
formalizara por microtráfico al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó y posesión de elementos tecnológicos.
Por esa causa el tribunal dictó prisión preventiva, que debía cumplir una vez que cumpliera una condena. Y antes que cumpliera, el tribunal informó a Gendarmería que después que cumpliera la condena debía pasar a cumplir la prisión preventiva, lo que no ocurrió. Y ahí ocurrió el "error", ya que quedó libre y debía regresar al penal de Atacama.
¿Cómo se conocieron ambos casos? De acuerdo a radio ADN esto ocurrió luego que el presidente del Tribunal de Garantía de Copiapó oficiara a Gendarmería y al Ministerio Público informando la situación y pidiendo abrir una investigación para esclarecer el asunto.
"El pasado martes 24 de junio de 2025, la Unidad de Estadísticas del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó informó que, por error involuntario, se otorgó la libertad al interno M.A.F.B. cédula de identidad XXXXXX. Dicha persona cumplía una condena de 41 días en causa RIT 1667-2025, a pesar de que este tribunal, con fecha 16 de junio del corriente había emitido una orden de ingreso para su reclusión por quinientos cuarenta y un (541) días", señala el documento.
Agrega que "ante lo acontecido, este tribunal debió de emitir una orden de detención en contra del sentenciado ya individualizado. Conforme lo expuesto, se solicita a usted adoptar las medidas necesarias para comprobar eventuales responsabilidades administrativas y el debido cumplimiento de los deberes funcionarios".
En el caso de Copiapó, el reo fue recapturado tras alcanzar a estar 4 días libre. Mientras que el de La Serena aun no ha sido encontrado y se mantiene prófugo.
El fiscal Luis Miranda, de la Fiscalía de Atacama, sostuvo que "el Tribunal de Garantía de Copiapó envió una denuncia asociada por un delito de evasión de detenido vinculado con un interno condenado que debía cumplir dos condenas, sin embargo solamente alcanzó a cumplir una".
Agregó que "posteriormente el Ministerio Público, tomando conocimiento de esos hechos, desarrolló diligencias junto con la Brigada de Delitos Económicos, se practicaron diligencias intrusivas de incautación de celulares, dispositivos digitales, documentación electrónica y en declaraciones a imputados y testigos vinculados con este delito al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó".
Un conocedor de ambos casos asegura que "no es responsabilidad del tribunal y que Gendarmería estaba informada de que no podían dejar en libertad a los internos, debido a que el de Copiapó debía cumplir otra condena y el que se encontraba en La Serena debía cumplir con prisión preventiva por una causa diversa. En ambos casos el tribunal informó oportunamente".
Director de Gendarmería califica de "negligencia funcionaria"
A raíz de esto, hoy el director (s) nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, calificó lo sucedido como una "negligencia funcionaria".
"Eso es lo que se debe establecer a través de la respectiva investigación interna que está en pleno desarrollo, tanto en la región de Atacama como en Coquimbo. Eventualmente estaríamos frente a actos de negligencia funcionaria, una tramitación deficiente del punto de vista administrativo, un mal cotejo de las causas pendientes. Sin perjuicio que se haya denunciado estos hechos al Ministerio Público", sostuvo.
Sobre qué falló, Pérez apuntó que "como lo hemos dicho en otras ocasiones, lo que ocurre en la transferencia de órdenes y de comunicaciones emanadas por los Tribunales de Justicia a Gendarmería, existen ciertas marcas que dan cuenta de los métodos de verificación de la autenticidad de los documentos emitidos por los tribunales. Una vez establecida su validez, se procede al chequeo individual de cada sujeto conforme a sus antecedentes que están en los sistemas internos de Gendarmería y allí entonces es donde hay que hacer una revisión, en el caso de los condenados, de los cómputos de condena, de las causas pendientes y en el caso de los imputados, ir prolijamente a revisar en qué consiste la prisión preventiva que se ordenó de parte del juzgado respectivo, es decir, porque siempre fija un plazo de investigación para empezar".
Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó que "junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público, en la Mesa de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, hemos estado revisando los protocolos de comunicación entre las distintas instituciones, con el objeto de que no se repitan casos de ese tipo. Los dos casos que usted señala se encuentran en investigación, tanto administrativa como penal".
Complementó que "el Ministerio Público ya ha abierto investigaciones penales y se han abierto las investigaciones administrativas, tanto en el Poder Judicial como en Gendarmería de Chile, para poder determinar qué es lo que ocurrió en cada uno de esos casos. Y en ese sentido, tal y como lo hemos señalado anteriormente, hay que esperar que las investigaciones tengan sus frutos, es decir, que las investigaciones determinen qué es lo que ha ocurrido. Y en el intertanto, lo que nosotros estamos principalmente preocupados es de que las comunicaciones entre los distintos órganos del Sistema de Justicia sean comunicaciones seguras, sean comunicaciones veraces, sean comunicaciones que nos permitan que no haya ninguna posibilidad de disminuir al mínimo el margen de posibilidades de error para que ocurran este tipo de situaciones".
