SANTIAGO.- Para algunos es considerado el fin de una larga espera, para otros, el inicio de un doloroso y lento proceso de sanación. Lo cierto es que para nadie serán indiferentes los más de 35 mil testimonios de chilenos y chilenas torturados durante el gobierno del general (r) Augusto Pinochet.
El informe, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, llega a su fin hoy, cuando a eso de las 11:00 horas sea entregado oficialmente al Presidente de la República, Ricardo Lagos.
El texto compuesto por ocho capítulos divide en tres períodos la práctica de la tortura a finales del siglo XX en Chile. El primero se concentra en 1973, luego explica el funcionamiento de la DINA entre 1974-78, para terminar con el ejercicio de la CNI hasta 1990.
Si bien el informe no entrega los nombres de los afectados, ni de los implicados,
sí especificará la edad, el tipo de trabajo que realizaban, la organización a la que pertenecían y los lugares de detención. Asimismo, los recintos utilizados para la represión y tortura estarán detallados ampliamente en un mapa y en una lista con la descripción exhaustiva de sus características.
El contenido del texto, que se hará público sólo a fines de noviembre o la primera quincena de diciembre, entrega un relato histórico exhaustivo de lo que pasó en Chile tras el golpe de 1973 en el tema de los detenidos y torturados, una realidad que se había soslayado hasta hoy, luego de que el Estado buscara vías de reparación para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, incluso para los exonerados políticos.
El punto que más inquieta es la constatación, a través de los testimonios, de que la tortura fue una forma institucional de operar durante el gobierno militar en todo el país, una política sistemática del Estado y de las ramas armadas, y no fueron actos de individuos que se apartaron de los mandos.
La Comisión es integrada por: monseñor Sergio Valech, María Luisa Sepúlveda, Miguel Luis Amunátegui, Luciano Fouillioux, José Antonio Gómez, Elizabeth Lira, Lucas Sierra y Álvaro Varela. Se creó en noviembre de 2003 y recogió testimonios desde Arica a Punta Arenas, en 42 gobernaciones y 110 localidades para establecer quiénes sufrieron privación de libertad y tortura en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990.
Detalles que dan escalofríos
Si bien el contenido final del informe se ha querido mantener en el más absoluto secreto y sólo el Presidente Lagos recibirá el original, el cual no tendrá copias, parte medular de éste ya se ha filtrado a la prensa.
De esta manera, días atrás uno de los integrantes de esta Comisión se adelantó al afirmar que "se va a hacer un detalle pormenorizado de los métodos de tortura y de los lugares. Y aunque no va a haber un enjuiciamiento directo a las Fuerzas Armadas, la gravedad de lo que se va a reflejar en el informe va a ser muy fuerte para las Fuerzas Armadas, porque va a mostrar que la tortura fue algo sistemático, que involucra a todas las instituciones castrenses y no a casos aislados como se han mostrado hasta ahora las violaciones a los derechos humanos".
De esta manera, la Comisión estableció un mapa de los centros de detención y tortura a lo largo del país, en los que figuran regimientos, unidades militares, comisarías, centros de detención clandestinos, campos de prisioneros y barcos.
La redacción es detallada. Explica y menciona cada lugar de tortura, región por región, y ciudad por ciudad. Relata los tipos de tormentos aplicados. Y se extiende acerca de los efectos que la tortura dejó en las víctimas, en sus familias y en la sociedad chilena.
En ese sentido, el informe expondrá que
en los primeros meses después del golpe militar los métodos de tortura más comunes eran las golpizas, amenazas (fusilamientos simulados), detenciones prolongadas con los ojos vendados o con la cabeza dentro de una capucha, aplicación de corriente eléctrica, quemaduras con cigarros, sopletes o ácidos, extracción de uñas, obligación de presenciar torturas a otros detenidos, abusos sexuales, inmersión en agua, aceite o petróleo, detención en calabozos insalubres y rompimiento de tímpanos por golpes en los oídos.
Se dice que otra de las aristas del informe afectará principalmente a la
Armada. Esto porque, de todas las ramas uniformadas es la que, hasta ahora, ha sido menos imputada por delitos cometidos.
Según trascendidos, el informe determina los lugares en los que torturó la Armada en la Quinta Región. Entre estas se cuentan el Hospital Naval de Playa Ancha en Valparaíso; la antigua sede de la Escuela Naval en el Paseo 21 de Mayo en Playa Ancha, que luego se transformó en la base de la Escuela de Submarinos; la Academia de Guerra Naval en Playa Ancha; y la Base Aérea Naval de El Belloto; el buque escuela "Esmeralda", además de la Infantería de Marina en Las Salinas y el cuartel Silva Palma.
Respecto del
Ejército, además de los ya conocidos centros clandestinos de la DINA en Santiago y alrededores, el informe incluirá, por regiones y ciudades, los nombres de todos los regimientos donde se mantuvo detenidos y se les torturó. Entre ellos, el regimiento Rancagua de Arica; el regimiento de Telecomunicaciones de Iquique; regimiento Arica de La Serena; regimiento Coraceros de Viña del Mar; regimiento Nº 2 Maipo de Playa Ancha en Valparaíso; regimiento de Infantería Nº 3 Yungay en San Felipe; Tejas Verdes en San Antonio; regimiento Tacna en Santiago; Escuela de Infantería en San Bernardo; Escuela de Artillería de Linares; regimiento Húsares de Angol; regimiento de Infantería de Montaña Nº 17 de Los Ángeles; regimiento Tucapel en Temuco; regimientos Cazadores y Maturana en Valdivia; regimiento Las Bandurrias en la XI Región; y regimientos de Infantería Motorizada Nº 10 Pudeto y Batallón Blindado Nº 5 de Punta Arenas.
Quiénes son los intregrantes de la Comisión
Monseñor Sergio Valech El obispo emérito tuvo un rol protagónico en el tema de DD.HH. como Vicario de la Solidaridad y en la Mesa de Diálogo . En la actual Comisión su presidencia fue más bien de carácter "honorario". Considerado como la "reserva moral" del equipo.
María Luisa Sepúlveda Vicepresidenta Ejecutiva. Se rodeó de jóvenes profesionales como el abogado Cristián Correa. Le ha dedicado al tema seis días de la semana. Pasó a ser la cara pública de la Comisión. Armó las redes de recolección de los datos. Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad y en el Fasic.
Miguel Luis Amunátegui Fue vicepresidente de Renovación Nacional. Viene a ser el símil de lo que fue el historiador Gonzalo Vial en la Comisión Rettig. Dicen que se preocupó de que en la redacción final del informe se evitaran los juicios valóricos.
Luciano Fouillioux Trabajó en la Vicaría de la Solidaridad e integró la Mesa de Diálogo. Este abogado decé dirigió el programa de DD.HH. del gobierno de Lagos y fue él quien le propuso a La Moneda el tema de las reparaciones económicas y sociales a los familiares de las víctimas de violaciones de los DD.HH.
José Antonio Gómez Ex ministro de Justicia y militante del Partido Radical. Comentan que ha echado mano a su conocimiento de la estructura del Poder Judicial y de la relación que tiene éste con el Gobierno y el mundo militar.
Elizabeth Lira Integró la Mesa de Diálogo. Es considerada una de las personas que más conocen del tema. Desde el gobierno militar que se dedica a atender a detenidos y torturados. Actualmente dirige el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado.
Lucas Sierra Pertenece al sector de la "derecha liberal". Es abogado e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP). Tiene una muy buena llegada con el Presidente Lagos. Como representante de la derecha, se trenzó en más de una discusión con Amunátegui sobre los juicios valóricos del informe.
Álvaro Varela Hoy, este abogado está dedicado al sector de la minería, pero históricamente ha estado ligado al tema de los DD.HH., y ahora último como asesor del consejo asesor del Programa de DD.HH. del Ministerio del Interior. Se inició en estas lides en el Comité Pro-Paz.
