SANTIAGO.- El Gobierno de Perú tiene un total de 60 días de plazo para concretar la solicitud de extradición del ex Presidente de ese país, Alberto Fujimori, quien se encuentra detenido desde la madrugada de hoy por orden de la justicia chilena.
Así lo explicó esta mañana el secretario de la Corte Suprema chilena, Carlos Meneses, quien aclaró que lo que ordenó en la noche de ayer el ministro Orlando Álvarez es una orden de detención provisoria del ex Mandatario con miras a la solicitud de extradición, conforme lo establece el Tratado de Extradición firmado entre Chile y Perú el 5 de noviembre de 1932, que se complementa con el Código Procesal Penal.
En su artículo séptimo, el acuerdo bilateral de extradición entre ambos países sostiene que "en caso de urgencia se podrá conceder la detención provisional del individuo reclamado en virtud de petición telegráfica del gobierno requirente que prometa el envío de los documentos indicados en el artículo XII (solicitud de extradición). En tal caso dichos documentos podrán presentarse al país requerido por medio de su embajada o consulado general en el país requirente dentro de los dos meses siguientes de la detención del inculpado".
El secretario de la Corte Suprema explicó además que alrededor de las 18:00 horas de ayer fue contactado por la Cancillería con el fin de coordinar los trámites que concluyeron con la detención de Fujimori, ordenada por el ministro Álvarez, quien quedará a cargo del proceso de extradición una vez que llegue la solicitud. La orden de detención se despachó a las 22:00 horas.
"Don Claudio Troncoso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue quien trajo una solicitud de detención pedida por la embajada peruana a través del ministerio", explicó Meneses quien puso el documento en manos del ministro Álvarez a quien se encomendó el caso a través de una pauta establecida en el máximo tribunal.
Si Perú no envía los documentos en el plazo de 60 días, el ex Presidente peruano podría quedar en libertad.
Una vez que llegue llegar la solicitud, se inicia un proceso de extradición que se desarrollará conforme al nuevo sistema penal, por lo que no debiera extenderse más de un par de meses.
