SANTIAGO.- El Partido Comunista de Chile manifestó su respaldo a la decisión del gobierno boliviano de decretar la nacionalización de la propiedad de los hidrocarburos, anunciada el Día Internacional de los Trabajadores.
"Ésta es una decisión de esperanza para los pueblos de América Latina, que estaba prevista por el programa de la candidatura de Evo Morales, que contó con un apoyo ampliamente mayoritario del electorado boliviano. No cabe ninguna duda acerca de la legitimidad democrática de esta medida, puesto que corresponde al cumplimiento de un compromiso para que la riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país, como lo señaló el Presidente Morales", manifestó el partido.
Según el decreto, las empresas petroleras -principalmente la brasileña Petrobras y la española Repsol- que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en Bolivia, tendrán 180 días para adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico que las obliga a entregar a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), toda la producción de hidrocarburos, asumiendo en nombre del Estado la propiedad de los mismos y su comercialización.
La decisión boliviana considera una razonable compensación por las inversiones efectivamente realizadas.
Critican "torpeza" de Canciller Foxley"
El Partido Comunista declaró que "en estas condiciones, es una torpeza inaceptable la declaración del canciller Alejandro Foxley, quien expresó que, a raíz de esta decisión, los sistemas de integración latinoamericana estarían cuestionados" y que ésta "podría afectar el sector laboral y el crecimiento económico de la región".
"La verdad es exactamente lo contrario. La propiedad nacional de nuestros recursos potencia las posibilidades de integración entre nuestros países y crea condiciones para el desarrollo de nuestros pueblos y de sus trabajadores", agregó la colectividad.
Según informó el Partido Comunista, "la declaración de Foxley es una intervención en los asuntos internos de un país hermano y contradice las afirmaciones acerca de una voluntad de acercamiento y de reapertura de relaciones diplomáticas proclamada recientemente por el Gobierno de Chile. Con razón la Presidenta Bachelet debió remarcar pocas horas después que al Gobierno de Chile no le corresponde intervenir en la decisión del Presidente Evo Morales".
