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Santiago: Domingo 05 de mayo del 2024 | Actualizado 08:19
El sujeto de la derecha amenazó y usó como escudo a una mujer cuando huía de un carabinero, pero la jueza Emma Tapia estimó que "no representaba un peligro para la sociedad".
Jaime BascurSANTIAGO.- Las polémicas decisiones que han adoptado los magistrados en los últimos días y que han generado un gran debate en torno su rol en el control de la delincuencia, no son las únicas ni las más cuestionadas, ya que nuestra judicatura registra una larga lista de casos de imputados con antecedentes penales que son dejados en libertad.
Uno de los ejemplos más claros corresponde al juez del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Jorge Norambuena, quien recientemente decretó ilegal la detención de un hombre que huyó de Carabineros y luego fue sorprendido con un arma blanca y recipientes con restos de drogas.
El magistrado argumentó que "Carabineros no puede dar una interpretación a un acto (correr) que podría hacer cualquier ciudadano (...) En este país las personas pueden transitar libremente, pueden correr, pueden caminar, pueden darse a la fuga si quieren, aun cuando hayan o no cometido un delito". A continuación señaló: "La diferencia es que cuando se comete un delito hay un indicio y faculta el control de identidad".
El sujeto fue formalizado por porte de arma blanca pero se dispuso su libertad. Al final quedó detenido porque tenía dos causas pendientes en el sistema antiguo.
Libres por mal tiempo
Más polémica generó un fallo de julio de 2006, cuando el mismo juez dejó en libertad a dos hombres que asaltaron una vivienda del sector oriente de Santiago.
Tras pasar seis meses en prisión, el magistrado les otorgó el beneficio por su irreprochable conducta anterior y porque en esos días se pronosticaba un frente de mal tiempo en Santiago y la Penitenciaría estaba con problemas de hacinamiento. Sin embargo, la Corte de Apelaciones anuló la medida y ordenó el reingreso de los imputados a la cárcel.
Pero no es el único juez cuestionado; en abril pasado, el titular del 14° Juzgado de Garantía de la capital, Patricio Souza, liberó a un delincuente que tenía 3 órdenes de aprehensión y 4 condenas pendientes.
El magistrado consideró ilegal la detención señalando que la policía no tenía derecho a realizar un control de identidad al sujeto, pues no existían indicios de que éste se aprontara a cometer un delito. El hombre quedó libre a pesar de las órdenes emanadas desde el mismo juzgado para dar con su paradero.
Los docentes y los carabineros "no escapan"
Los casos también incluyen delitos de gran connotación social como el abuso sexual y la violación.
En 2006, Cristián Burgos Herrera, profesor de matemáticas del colegio República de Chipre, de La Reina, fue acusado de abuso sexual a ocho de sus alumnas. La jueza del 7º Juzgado de Garantía Carolina Araya denegó prisión preventiva porque no había peligro de fuga.
La resolución fue revocada por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, entre diciembre de 2006 y marzo de 2007 tres jueces, y en tres oportunidades, dejaron sin efecto la prisión preventiva. Todas las decisiones fueron anuladas por el tribunal de alzada.
En la VII Región, pese a la oposición del Ministerio Público, el 17 de abril el juez de garantía de Talca, Humberto Paiva, revocó la prisión preventiva que cumplía hace nueve meses Hernán Jáuregui Sepúlveda, profesor de la escuela rural de Pencahue, acusado de violación en contra de una alumna de 9 años.
El juez estimó que por su condición de docente, el hombre no evadiría la justicia. Le otorgó la libertad, bajo la medida cautelar de arraigo y firma. El sujeto ahora está prófugo, pese a que el fiscal de Talca había advertido que era un peligro para la sociedad.
El 22 de diciembre del año pasado, la jueza del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, Marcela Figueroa, decidió dejar en libertad al carabinero Álvaro Aguirre Orrego, de 26 años, quien le disparó en la cara y sin motivos al trabajador Miguel Bustos Valdebenito. Figueroa defendió su decisión argumentando que no existía peligro de fuga.
Ladrones que "no son un peligro para la sociedad"
La lista de fallos polémicos suma y sigue, pues hay una clase de delincuentes que no son considerados un peligro para la sociedad.
La semana pasada en Peñalolén, un sujeto armado amenazó y usó como escudo a una mujer cuando huía de un carabinero. La jueza Emma Tapia estimó que actuó en "estado de necesidad" y que "no representaba un peligro para la sociedad".
Después se supo que el delincuente entregó datos falsos a la Fiscalía, los cuales permitieron que no quedara en prisión preventiva.
En la VIII Región, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Concepción, Adolfo Cisterna, cambió la medida de prisión preventiva por libertad a Ricardo Melgarejo, quien fue sorprendido robando en un domicilio, tras haber cumplido una condena de diez años por dos homicidio. Dos semanas después, el sujeto protagonizó un asalto a mano armada a una vivienda, intimidando a la dueña de casa y dos menores.
Los primeros días de julio, en tanto, cuatro "boqueteros" resultaron detenidos al intentar robar una sucursal de BancoEstado y pero la jueza Paola Robinovich resolvió otorgarles la libertad argumentando que el hecho fue sólo una "tentativa". Sólo dos de ellos quedaron presos temporalmente, pero por causas pendientes.
Otro bullado caso es el del juez de Garantía de Arica Francisco Vargas, a quien se le responsabiliza de la fuga de más de 70 imputados por narcotráfico que aprovecharon la libertad provisional que les concedió.
El fiscal de la zona aseguró incluso que los mismos delincuentes piden que sus casos sean vistos por Vargas. En 2006, la Corte de Apelaciones revocó 92 libertades dictadas por el magistrado, 55 de ellas eran de imputados por delitos de drogas, desde "burreros" hasta financistas.
