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Sospechoso de crimen de ejecutiva recibió rebaja de pena por delito de secuestro

Luis Andrés Araya Galaz salió en libertad el 17 de febrero pasado gracias a un decreto exento del Ministerio de Justicia que disminuyó su condena de 10 años y un día en 12 meses.

27 de Diciembre de 2007 | 17:31 | Ximena Pérez G., El Mercurio Online

SANTIAGO.- El principal sospechoso del secuestro y crimen de la ejecutiva María Soledad Lapostol, Luis Andrés Araya Galaz- quien está prófugo y aparece en un video ingresando al banco donde trabajaba la mujer- fue beneficiado con un decreto exento del Ministerio de Justicia que le rebajó una condena anterior en 12 meses.


Según revelaron esta tarde los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Darío Paya y Alejandro García-Huidobro, el sujeto registra tres autos de procesamiento el año 1998 como autor del delito de robo con intimidación y secuestro y otro del mismo año como coautor de robo con fuerza, secuestro y otros.


Por todos estos delitos fue condenado el 20 de diciembre de 2000 a 10 años y un día de presidio, los que -descontando el periodo que permaneció en prisión preventiva- cumpliría de manera efectiva el 17 de febrero de 2008 . Sin embargo, después de solicitar sin éxito el 31 de diciembre de 2001 el indulto presidencial, Araya fue favorecido mediante el decreto exento 467 emitido con fecha 30 de enero de 2007 por el Ministerio de Justicia con la rebaja de su condena en 12 meses.


Ello le permitió salir en libertad el 17 de febrero de este año.


"Es decir, esta persona que es el principal sospechoso, debiera haber estado en prisión, pero por un decreto exento del Gobierno justamente hoy día este sujeto está en libertad", reclamó el diputado García-Huidobro.


"Con el diputado Paya queremos emplazar al Gobierno a que nos explique qué motivos tiene y qué motivos tuvo para haber permitido justamente que este sujeto saliera un año antes de lo que correspondía conforme a la condena que resolvió la justicia", agregó el parlamentario.


El secretario general de la UDI advirtió al Gobierno que en esta materia debe asumir su responsabilidad, ya que si su respuesta es que "una persona que ha sido procesada por robo con intimidación y secuestro, condenada por robo con intimidación puede recibir una rebaja de condena, sin que sepa el ministro del Interior encargado de la seguridad pública y el subsecretario respectivo, ¿para qué están?, ¿acaso no sabía el ministro del Interior?"


"Nosotros creemos que aquí las personas responsables de esto, todos, van a tener que responder personalmente de un hecho tan grave como esto si es que se comprueba que fue como todos los antecedentes indican que se produjo (...) No hay ninguna explicación para que esta persona haya recibido una rebaja de condena", sentenció.

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