Bates: Acusadores de Provoste "desconocen lo que es un ministro de Estado"

VALPARAÍSO.- Tras escuchar la defensa personal de su defendida, la suspendida ministra Yasna Provoste, el abogado Luis Bates sostuvo que la acusación constitucional impulsada por la Alianza presenta una falla estructural, porque ignora los ámbitos de competencia de un secretario de Estado.

El ex titular de Justicia se refirió también al origen humilde de Provoste y afirmó que forjó su carrera con sus propios méritos, sin haber heredado apellidos políticos. "Es una persona que con perseverancia ha hecho la carrera política que todos conocemos, demostrando la fuerza de la juventud y el temple de la mujer", indicó.

Luego realizó una detallada descripción de los casos en que esta herramienta constitucional debe aplicarse, al tiempo que recordó su condición de "excepcional", debido a su importancia y a la dureza de la pena que acarrea.

En ese sentido, puntualizó que si la Cámara Alta aprueba el libelo, se estaría condenando a una muerte cívica a la ministra, puesto que quedaría impedida de ejercer cargos públicos por cinco años, comparando el caso con las sanciones que reciben quienes han traicionado a la patria.

En ese sentido, se refirió al peligro de utilizar indistintamente la acusación constitucional y a la posibilidad de que a partir de ahora cualquier ministro pueda ser acusado.

Bates indicó que las seremías se encuentran fuera del control jerárquico de la ministra y que se trata de órganos desconcentrados de los ministerios. Asimismo, destacó que la existencia de "irregularidades" constituye una afirmación sin respaldo, pues se trata de hechos que aún están siendo investigados.

A su juicio, acusar a la secretaria de Estado en esas circunstancias "atenta contra el debido proceso y vulnera la presunción de inocencia".

La ministra no es responsable de las finanzas

Agregó que no existe disposición constitucional ni legal que confiera atribuciones a la ministra de Educación para corregir desórdenes o irregularidades administrativas cometidas en la seremía. "Al seremi de Educación le corresponde, entre otras funciones, ejercer las tareas de supervición, cuatela, inspección y control, tanto en el desarrollo del proceso educativo de los establecimientos ubicados en su jurisdicción, como en materia de subvenciones", declaró.

Explicó además que la ministra no podría haber destituido al seremi Alejandro Traverso, ya que dicha facultad corresponde a la autoridad que lo nombró en su cargo, es decir la Presidenta de la República.

Respecto a los desórdenes contables del Mineduc, Bates señaló que la ministra no es la autoridad encargada de la administración de las finanzas de dicha cartera y aclaró que esta tarea es responsabilidad de terceros que están fuera de su control jerárquico.

"Todos los aspectos financieros y administrativos del ministerio son resueltos, controlados y planificados desde la subsecretaría y no por el ministerio", dijo el abogado.

En esa línea recordó que los oficios emanados de la Contraloría General de la República durante la tramitación de su auditoría, no fueron dirigidos a la ministra de Educación, sino a la subsecretaria de la época.

Sobre la responsabilidad que le cabría a Provoste por no denunciar las irregularidades en su cartera ante el Ministerio Público, Bates sostuvo que esa obligación no se aplica a la ministra pues ella no reviste el carácter de funcionario público que la norma exige y porque se trataba de un órgano fuera de su control jerárquico.