SANTIAGO.- Esta noche el Tribunal Constitucional (TC) notificó a las partes involucradas del fallo sobre la "píldora del día después" que prohíbe su distribución en el sistema público de salud, acogiendo así el requerimiento presentado por 36 diputados de la Alianza que pidieron que no se entregara el anticonceptivo de emergencia.

Debido a los trascendidos que surgieron a principios de mes en torno al fallo -que en principio se daría a conocer el día 22- el propio TC había adelantado que declaró inconstitucional la entrega de la "píldora del día después" en el sistema público, pero no se refirió a su comercialización en el sistema privado, lo que fue confirmado por la resolución de 276 páginas que se divulgó hoy.

Tras la oficialización del fallo, la ministra de Salud, María Soledad Barría, dijo que "las normas se acatan desde ahora en que hemos sido notificados. Eso significa que no es obligatorio poner al servicio de la población este instrumento".

Dejando claro que el Gobierno no puede obligar a los profesionales de la salud a prescribir medicamentos, la secretaria de Estado dijo que se debe analizar "si los médicos pueden seguir prescribiendo la píldora o no" por su propia iniciativa.

Para el abogado Jorge Reyes, representante de los 36 diputados de la oposición que presentaron el requerimiento ante el TC, la resolución confirma que la "píldora" es abortiva y que por ende se prohíbe también su distribución en el sistema privado.

Esta tarde, además, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, había asegurado que "el Gobierno no sólo respeta y acata, sino que hará respetar y acatar el fallo del Tribunal Constitucional", en respuesta al llamado que hizo la Conferencia Episcopal a respetar la resolución sobre la píldora.

"Reconocemos el legítimo ejercicio de sus atribuciones (del TC) y respetamos y haremos respetar y acatar su fallo. Cosa distinta es que podamos tener una opinión divergente acerca de las conclusiones a que arribó la mayoría del Tribunal (...) y también cosa distinta, igualmente legítima por cierto, es que como Gobierno busquemos las alternativas jurídicas que estén disponibles (...) para poder seguir desarrollando una política pública que nos parece justa, necesaria y equitativa para que todas la mujeres, independiente de su condición económica", afirmó Maldonado.