SANTIAGO.- La Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe definió hoy a la educación como "un bien público" y describió las obligaciones estatales al respecto, al pronunciarse sobre el debate en curso en Chile por la Ley General de Educación (LGE).

"Para la Unesco, la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido", expresó en un comunicado, donde recomiendan a los parlamentarios "considerar las voces de los diferentes actores sociales y los compromisos suscritos por Chile a nivel internacional en el ámbito educativo".

"Concebir la educación como derecho y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan", agregó.

A través de una declaración pública, la entidad afirma que "asegurar a todos los ciudadanos una educación de calidad y fomentar la integración de estudiantes provenientes de distintos contextos sociales y culturales es una poderosa herramienta para el desarrollo humano de los países y la cohesión social, fundamentos de una sociedad más justa y democrática".

De acuerdo con lo planteado por la Unesco, la educación pública "es la única que puede asegurar el derecho a una educación sin exclusiones, sin perjuicio de que existan otras opciones para que los padres puedan ejercer el derecho a elegir la educación que quieren para sus hijos".

Sin embargo, continúa, "la libertad de enseñanza debe guiarse por los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades y la efectiva participación de todos en la sociedad, siendo obligación de los Estados asegurar que la libertad de enseñanza no conduzca a la desigualdad de oportunidades de determinados grupos dentro de la sociedad".

Esta tarde la Cámara de Diputados, por 96 votos a favor, 12 en contra y 7 abstenciones, aprobó hoy la propuesta de sancionar la LGE, que reemplazará a la LOCE.

La aprobación se resolvió en medio de disputas en las tribunas, donde profesores y estudiantes -disconformes con el contenido del proyecto oficial- acusaron a la Concertación de ser una "vergüenza nacional".