Subsecretario de Pesca a la Contraloría por tráfico de influencias

Junto con denunciar que la Ley de Pesca recién aprobada es inconstitucional y no proteje el empleo ni el ambiente, los pescadores denunciaron graves irregularidades y conflicto de interés del Subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, quién tiene propiedad en empresas de acuicultura y quien habría adjudicado concesiones salmoneras a sus propias empresas.

08 de Noviembre de 2000 | 09:20 | Juan Carlos Muñoz/Emol.com
SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, y la organización ambientalista Centro Ecoceanos, informaron que investigan la autoadjudicación de entre dos y tres nuevas concesiones por parte del subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, a empresas en las que se encuentra involucrado indirectamente.

El director del centro Ecoceanos y uno de los directores de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, Juan Carlos Cárdenas y Cosme Caracciolo, respectivamente, informaron que presentaron cuatro cargos en la Contraloría en contra de Daniel Albarrán:

"Lo primero se refiere al otorgamiento de concesiones salmoneras al subsecretario. De acuerdo a la reciente aprobación de la Ley de Probidad institucionaria, se prohibe tener participación en empresas donde se tienen intereses, y hasta donde sabemos el señor Albarrán tiene dos concesiones que aparecen publicadas en el diario Oficial y que se contradicen con el cargo. Además él (Albarrán) dice que sólo posee el tres por ciento en la salmonera Antarfish. La pregunta es: ¿cuánto es el tres por ciento de Antarfish si el domingo sale en la prensa como la empresa número 137 con mayor utilidad?", dice Cárdenas.

El ecologista informa que "lo segundo que se pide a la Contraloría es que se haga entrega de la declaración de bienes que hizo el subsecretario al momento de asumir su cargo para ver si ambas concesiones se encuentra declaradas".

"Lo tercero es que la Contraloría emita un informe en relación al conflicto de intereses que se estaría generando por el hecho de que Albarrán sería el jefe directo del director del Servicio Nacional de Pesca, quien es el encargado de fiscalizar al empresario salmonero Daniel Albarrán".

Juan Carlos Cárdenas agrega que "también preguntamos a la Contraloría qué pasará cuando en el rubro salmonero se originen conflicto de intereses que tengan que ver con la administración o el manejo de las concesiones, es decir, cómo se asegura la trasparencia cuando el propio subsecretario será juez y parte".

Los personeros en cuestión sostuvieron que están investigando otras concesiones otorgadas indirectamente al subsecretario, las que serían entre dos y tres, y las que se habrían materializados a través de personas vinculadas a empresa que tuvieron relación con él cuando fue empresario salmonero.

Dice Cárdenas que el problema es "si el Gobierno va a seguir avalando una situación que genera las condiciones para la corrupción y falta de transparencia en el sector pesquero y de acuicultura. Es importante señalar que este es el único sector donde los recursos son de todos los chilenos".

Insiste en que en este caso el subsecretario de Pesca "actúa como juez y parte, porque está involucrado directamente en los beneficios que genera el sector, por ejemplo: el tema de la privatización de las pesqueras nacionales y el proceso de expansión acelerada de la industria salmonera hacia la región sur austral de nuestro país sin ningún tipo de resguardo ambiental, tienen que ver con cómo se están manejando los recursos que son parte del patrimonio nacional, lo que se relaciona con más o menos empleo, alimentación, con economía costera, con la estabilidad del sector pesquero artesanal, que representa el 90 por ciento de la demanda de alimentación pesquera del país".

Cárdenas reflexiona: "Entonces, nosotros preguntamos al Presidente Lagos si él va a mantener una situación que a todas luces en impropia, poco transparente y que significa un 'maridaje' inaceptable, en el hecho de que se utilicen puestos públicos para beneficiar al sector privado".

Pescadores se opondrán a la materialización de la Ley

Según Cosme Caracciolo, uno de los directores de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, el subsecretario de Pesca Daniel Albarrán tiene graves conflictos de intereses porque "se supone que un funcionario público no debe tener relaciones comerciales con la misma actividad en que él dicta las normativas".

El dirigente sostiene que las resoluciones de concesiones que el subsecretario se habría adjudicado a sí mismo tienen un inmenso valor comercial, aunque no precisó los montos que se barajaban, "basta con ver las tremendas utilidades que arroja la industria salmonera", argumentó.

Por otra parte, el dirigente de los pescadores artesanales sostuvo que "nosotros los pescadores artesanales por ningún motivo vamos a permitir que se privaticen los recursos pesqueros de todos los chilenos. Esta siempre ha sido una actividad libre. La actual Ley de pesca en su artículo 50 nos consagra la libertad de pesca al sector pesquero artesanal, lo que implica que nosotros tenemos la posibilidad de desarrollarnos y crecer y con este proyecto quedamos restringidos y quedamos limitados a un 10 por ciento del total de captura. Esto quiere decir que no podaríamos crecer ya que tendríamos un techo que respetar".

"Ley es insconstitucional y no proteje empleos ni medioambiente

"No sólo no resguarda los intereses del sector pesquero artesanal, sino que despoja a todos los ciudadanos, presentes y futuros, de su participación en la propiedad del patrimonio pesquero nacional y viola derechos constitucionales, al establecer que sólo aquellos que hoy se encuentran en actividad, podrán en el futuro acceder y utilizar los recursos marinos nacionales", son algunas calificaciones que los pescadores artesanales, pequeños y medianos empresarios y ambientalistas chilenos, denuncian acerca del proyecto de ley "Límites Máximos de Captura por Armador", que aprobó esta tarde en Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.

Según Cosme Caracciolo de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach, la cual representa a 42.000 pescadores, buzos y mariscadores, este proyecto de ley "vulnera la garantía constitucional de la igualdad ante la Ley, estableciendo discrecionalmente, casi con nombre y apellido diferentes formas de asignación de los recursos pesqueros, los cuales hasta el presente son propiedad de los ciudadanos chilenos".

El dirigente argumentó que "en algunos casos se utiliza el criterio del volumen de desembarque histórico por armador pesquero. En otros casos, es la longitud de área pesquera autorizada o de capacidad de bodega de las naves de las empresas beneficiadas".

Caracciolo señaló que este proyecto es un verdadero "traje a la medida" para las grandes empresas nacionales y transnacionales. "Junto a ello, suspende una serie de medidas de regulación de carácter ambiental, así como el derecho constitucional de libertad de pesca para la extracción artesanal, vulnerando el artículo 19, Nº 24 de la Carta Fundamental".

En tanto el empresario pesquero Jorge Donoso de Anapesca, señaló que la iniciativa de ley "lesiona los derechos de propiedad de las pequeñas y medianas empresas pesqueras, afectando gravemente el empleo regional".

Agregó que "la 'transitoriedad' de dos años de esta radical modificación del sistema pesquero chileno, es más que suficiente para hacer quebrar a todas las pequeñas y medianas empresas pesqueras del país".

Según diversos parlamentarios y organizaciones como la Confederación Nacional de Pescadores de Chile, Conapach, el proyecto de ley presenta un vicio constitucional básico, ya que asume que los recursos pesqueros son "res nullius", es decir "cosa de nadie", desconociendo que ellos forman parte del patrimonio nacional en nuestra Zona Económica Exclusiva. "De esta forma la iniciativa legal lesiona gravemente el bien común."

Luergo de la aprobación de la Ley de Pesca, dicen los pescadores artesanales, el 70% de la pesquería chilena de merluza común, principal recurso de consumo nacional, quedará en manos de dos familias (Stenjel y Santa Cruz) con asiento en la región de Bio-Bio; el 99% de la pesquería de merluza de tres aletas en poder de la familia Del Río, cuya cabeza empresarial, José Luis Del Río, es miembro del Consejo Nacional de Pesca, cuerpo asesor del Subsecretario de Pesca, Daniel Albarrán, y dueño de la empresa Pesquera Frío Sur y accionista de la transnacional japonesa Emdepes.

El diputado Aldo Cornejo, aseguró que "La lógica de este proyecto de ley de los grandes empresarios pesqueros no es lejana a la lógica presentada por la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, la cual, por razones de pura rentabilidad privada pretenden ser protegidos por el Estado, mediante el cierre permanente de acceso a nuevos usuarios, cuestión que subvierte su propia lógica de economía de mercado, así como la de equidad intergeneracional".

Esta situación se complementa con el hecho que "el Grupo Angelini -a través de Corpesca S.A. controla el 87% de la pesquería del extremo norte de Chile, dominando el 9% de la oferta y comercialización mundial de harina de pescado", dice Cosme Caracciolo.

Asegura el dirigente de los pescadores que "el grupo Angelini también a través de un activo proceso de fusiones, creó la empresa SPK, la que controla la pesquería en la zona centro sur chilena. Todas estas fusiones se constituyeron en medio de constantes despidos de trabajadores principalmente en la II y VIII regiones".

Estimó que sólo durante este año unos 6 mil trabajadores han perdido sus fuentes laborales en estas regiones.
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