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Santiago: Viernes 26 de abril del 2024 | Actualizado 10:00
Según la investigación, el ex párroco pagaba entre 30 y 40 mil pesos a las menores que abusaba.
Luciano Riquelme, El MercurioMELIPILLA.- Esta mañana comenzó el juicio oral contra el ex párroco de la iglesia Santa Teresita de Melipilla, Ricardo Muñoz Quintero (56), acusado de abusar y explotar sexualmente a menores de entre 16 y 17 años, a quienes pagaba para que tuvieran relaciones sexuales con él.
El caso salió a la luz pública en enero de 2010 con la denuncia de un programa de televisión, que también dejó al descubierto la doble vida que llevaba Muñoz, pues tenía una pareja y dos hijos en Curacaví.
Según establecieron las indagaciones, era su propia mujer, Pamela Ampuero Escobar, de 34 años, quien se encargaba de reclutar a las menores e incluso le enviaba fotografías al ex párroco para que éste las eligiera.
Luego Muñoz llevaba a las menores a diferentes moteles de la zona occidente y les pagaba entre 30 y 40 mil pesos para que mantuvieran relaciones sexuales con él.
Incluso estuvo con dos adolescentes al mismo tiempo, a quienes les sacó fotografías que después fueron halladas por los investigadores.
En un principio se conoció el caso de tres adolescentes abusadas, pero luego la Fiscalía lo acusó de ocho casos, en uno de los cuales la víctima quedó embarazada.
En una investigación paralela, se descubrió además que Muñoz llevaba los donativos de los fieles a su casa de Curacaví.
El fiscal jefe de Curacaví, Cristián Cáceres, pide una pena de 15 años y un día de presidio para ambos imputados, el ex párroco y su conviviente, sindicados de los delitos de abuso sexual, almacenamiento y producción de material pornográfico infantil y facilitación de la prostitución.
En tanto el Sename, que se querelló contra Muñoz, también solicita 15 años y un día de cárcel para el sacerdote y su mujer. Su director, Rolando Melo, asistió hoy al inicio del juicio oral, que se extenderá hasta el 2 de mayo.
En la oportunidad, Melo señaló que "los sujetos que atacan sexualmente a los niños deben saber que en nuestro país no toleramos este tipo de actos y que serán perseguidos por la justicia".
Gracias a las gestiones del Sename y del Ministerio Público, los hijos de los imputados fueron trasladados hasta una residencia de protección del organismo, mientras se define si hay algún adulto que se pueda hacer cargo de ellos.
