Las singulares detenciones ciudadanas que se conocieron en días pasados abrieron una serie de interrogantes. Primero, por la violencia registrada en una y lo
denigrante de otra, a lo que se sumó el hecho de que en ninguna hubo denuncia formal y todo quedó en la nebulosa del anonimato.
Lo último plantea la duda de si la gente cree que con sólo un escarmiento de este tipo ya se hizo justicia y de ahí que no se haga la denuncia formal, un poco en la creencia de que el delincuente quedará libre por culpa del sistema.
Catalina Mertz, ingeniero comercial, directora ejecutiva de la
Fundación Paz Ciudadana, lleva años tomándole el pulso a la delincuencia y seguridad ciudadana en el país, tanto en esta ONG como en centros universitarios y como asesora en el gobierno de Piñera.
Por eso, no es de extrañar que señale que este tipo de acciones ciudadanas no son frecuentes y deben ser observadas, pero a la vez, cuestionadas por todas las instituciones cuando se salen de las manos y cánones legales.
Aclara que no hay estadísticas que permitan tener un “termómetro fiable” de este fenómeno, y reconoce que las redes sociales han cumplido un rol en la visibilización de estos hechos. “Esto nos debiera llamar a la acción”, acota, entonces.
Como experta recuerda que los llamados a hacer detenciones en flagrancia son las policías y subsidiariamente, los ciudadanos, pero sujetos a las mismas limitaciones que tienen los agentes del Estado, es decir, sin transgredir los derechos de la persona que se detiene.
-¿El peligro está ahí, que se vaya de las manos?“En estos casos puntuales se observa que las personas no tienen conciencia de que ellos están limitados en su actuar como cualquier funcionario policial y por eso, se debe hacer uso proporcional de la fuerza. Por eso, es complejo cuando los ciudadanos toman esto en sus manos sin tener en consideración sus limitaciones y que pueden ellos mismos transgredir la ley también”.
-En las detenciones conocidas se ha visto violencia y denigración, combinación nefasta. ¿Cómo lo explicas?“Las conductas violentas imitativas o que aprovechan una oportunidad de sumarse a un grupo que está cometiendo este tipo de actos de manera impune requiere un análisis de psicólogos sociales, de sociólogos.
“Desde el punto de vista de la relación del ciudadano con el sistema de justicia, la gran dificultad que se tiene es que, en Chile, el sistema funciona muy bien para los homicidios, pero no tan bien para los delitos contra la propiedad de poca monta y que son frecuentes y que es lo que, en general, aqueja a la ciudadanía. Por eso, en nuestros estudios los que hacen una denuncia le ponen mala nota a las instituciones, pero peor nota a policías y fiscales. Al no desencadenarse una respuesta de parte del Estado, hay una insatisfacción por parte de la ciudadanía por la escasa solución de estos problemas que son masivos”.
-¿Esto no muestra que hay una suerte de incubación de frustración en la ciudadanía? ¿Hay rabia de por medio?“No soy experta en indicadores de salud mental y no sé si alguien lo mide. Ahora, en la descripción de lo que vemos se observan altos niveles de rabia y lo que entiendo, reitero no soy experta, es que en ciertas ocasiones, el comportamiento en grupo da origen a algunas dinámicas. Pasa lo mismo con el matonaje en establecimiento escolares, donde los observadores juegan un rol donde se configura una situación que promueve estas conductas”.
-La socióloga María Elena Tijouix apuntó que en la sociedad chilena hay un deseo de castigo que se ha focalizado en los pobres. ¿Lo ves así?“Es una hipótesis a la que habría que ponerle más evidencia. La criminología crítica, históricamente ha sostenido que los fenómenos de delincuencia y castigo de la violencia son manifestaciones de la lucha de clase. Es una mirada más bien ideológica y desde ahí, a veces, hacen propuestas que carecen de sustento empírico de evidencia. Esto habría que contrastarlas con otra información”.
-Supongo que ella se refiere a que se estigmatiza a los pobres como los autores de todos los delitos.“Esas son miradas más bien de la ideología. Lo que ocurre es que gran parte de las personas que están condenadas son pobres, pero también gran parte de los pobres no delinque. Y por lo tanto, es una forma más bien histórica de mirar esto que no nos aporta mucho más sobre las políticas que hay que seguir. Las personas que delinquen suelen vivir en una situación de pobreza, pero no basta la pobreza para explicarla; está demostrado en Chile y otros países que los jóvenes que persisten en una actividad antisocial concentran factores de riesgos. No basta ser pobre, sino que otros factores como tener una familia estresada donde hay escasa supervisión parental o estilos parentales inadecuados, el ser expulsado del sistema escolar formal y caer en compañeros de barrio que pueden tener más influencia. O sea, se concadenan estos factores de riesgo”.
-¿Crees que este tipo de detenciones pueden generar algún efecto intimidatorio en los delincuentes?“Son más frecuentes las condenas, pero creo que habría que estudiarlo más porque la frecuencia es tan baja que no se puede determinar”.
-¿Y que se hagan masivas en las redes sociales pueden presentar el riesgo de que sean imitadas?“Bueno, si todos copiáramos lo que sale en los medios de comunicación masivos, veríamos muchas otras conductas reñidas con todo tipo de principio. Incluso los que se dedican a la publicidad reconocen que el efecto de la publicidad es relativamente limitado. Creo que el ser humano es un poco más complejo en su toma de decisiones”.
-Ciertamente no estamos en situaciones como Argentina u otros países donde estas detenciones terminan en linchamientos. ¿Estamos lejos de eso?“Lejos, lejos…”
-¿No hay riesgo de que nos acerquemos? Porque hay una sensación en el ambiente de mayor inseguridad.“Eso no es verdad. Nosotros medimos el índice de temor, tenemos un índice que es comparable en el tiempo y el nivel más alto de inseguridad lo registramos el 2006. No es verdad que la sociedad chilena sea esquizofrénica en términos de que la victimización es absolutamente distinta al temor. Hay datos comparados de indicadores de temor y victimización y, por lejos, Chile no es el país más esquizofrénico de la región en términos de la distancia que hay entre ellos”.
-O sea, eso nos pone a años de luz de lo que pasa en otros países.“Lo que pasa es que el acceso a la justicia que se tiene en Chile es ampliamente superior al que hay en el resto de la región. Chile tiene una robustez institucional que toda la región mira con mucha admiración. Tenemos altas tasas de reporte de delitos, y policías con una fortaleza institucional grande; en casos de homicidios, el 95% de ellos se resuelve. Es otro mundo y eso no quiere decir que no tengamos desafíos”.
-¿En estas detenciones pueden hacerse presente muchos otros factores además de la rabia, como insatisfacción o frustración frente a otros hechos sociales? ¿Hay que analizar esto? “Lo supongo, pero lo que creo importante es que las personas entiendan que el respeto de los derechos vale tanto para ellos como los otros y eso es lo que nos caracteriza como estado democrático moderno. Hay que encausar la preocupación en que se hagan las denuncias, que en estos casos no ocurrió”.
-¿En estos casos es importante que todas las instituciones tengan el mismo discurso de rechazo a estos hechos?“Todos tenemos que estar de acuerdo, tanto Estado como sociedad, que las normas que nos hemos dado para resguardar los derechos individuales son válidos en cualquier momento y sólo se pueden transgredir en casos muy, muy justificados y por funcionarios con calificaciones especiales, en momentos determinados”.
