Jaime Jiménez y Cristián Pareto: Ambos eran diputados de la Democracia Cristiana (DC), partido del cual fueron expulsados. Se encuentran en una crítica situación en términos políticos y judiciales, luego de que Iván Sánchez, amigo personal y socio de Carlos Filippi, confesara que ambos fueron "coimeados" con 20 millones de pesos por el empresario para que develaran las irregularidades generadas en la adjudicación de la planta de revisión técnica en Rancagua.

Asimismo, fueron denunciados por el concesionario Alejandro Denham de haberle ofrecido garantías para obtener plantas de revisión técnica a cambio de una "contribución mensual", acusación en la que también está involucrado su colega del Partido Radical Social Demócrata (PRSD) Eduardo Lagos.

Al respecto, los parlamentarios han explicado que el objetivo de su ofrecimiento era tenderle una trampa al concesionario en virtud de su rol fiscalizador.

El 8 de noviembre de 2002, el magistrado Carlos Aránguiz solicitó a la Corte de Apelaciones de Rancagua el desafuero de Jiménez, Pareto y Lagos. Asimismo, pidió al tribunal de alzada despachar una orden de arraigo en contra de los parlamentarios.

La solicitud del juez fue unánimemente acogida por el pleno del tribunal de alzada de la VI Región, el 26 de noviembre del mismo año. De esta manera, Jiménez y Pareto fueron desaforados por dos ilícitos: solicitar pagos al empresario Carlos Filippi para influir en la reapertura de su planta y pedir dádivas al plantero Alejandro Denham.

En tanto, el diputado Lagos -cuyos derechos de militante en el PRSD fueron suspendidos- fue privado de su fuero por haber participado en la reunión donde se le pidió una "contribución" al plantero Denham. Es el único sobre quien la Corte admite una duda, aunque fue el gestor de la cita.

Sin embargo, el 14 de enero de 2003 y luego de que la defensa de los diputados apelara, el pleno de ministros de la Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte rancagüina sobre su desafuero. En el caso del paralamentario radical, los magistraron ratificaron su privación de inmunidad parlamentaria por 9 votos contra 7. En tanto, la situación de Jiménez y Pareto fue confirmada por unanimidad en el caso del primer delito (Caso Filippi), y por 9 votos contra 7 en el caso del segundo (Caso Denham).

El proceso continuó el 06 de febrero, cuando después de tomar una semana de vacaciones, el ministro Aránguiz citó a Lagos, Pareto y Jiménez, además de los otros involucrados en el caso, para realizar diversas diligencias con el objetivo de aclarar algunos aspectos de la causa. La tensa jornada concluyó con la detención de Pareto y Jiménez por cohecho y soborno. Dos días después los parlamentarios fueron sometidos a proceso por los mismos delitos.

Pareto y Jiménez permanecieron diez días recluidos en el anexo cárcel Capuchinos de Santiago. El 18 de febrero y debido al agotamiento de las diligencias pendientes en el caso, ambos diputados fueron puestos en libertad bajo fianza, previo pago de un millón de pesos cada uno.