Se acusa al ex Mandatario peruano de ordenar el allanamiento de la residencia de la esposa de Vladimiro Montesinos, Soledad Becerra, en noviembre de 2000. Para tales efectos se dice que envió a un funcionario de la Casa Militar y lo hizo pasar por un fiscal para encubrir la ilegalidad del allanamiento, que buscaba hallar pruebas que lo pudieran involucrar en algunos de los delitos imputados a su ex asesor.

Se acusa a Fujimori de ordenar la interceptación telefónica a periodistas, políticos y opositores al régimen entre 1995 y 2000.

Se acusa a Fujimori de sustraer recursos públicos por más de US$ 23 millones para comprar camiones a corporaciones chinas. El segundo caso es relativo a la adquisición de un canal y un diario para apoyar al régimen del ex gobernante.

Se atribuye a Fujimori el pago de 15 millones de dólares a su ex asesor, Vladimiro Montesinos, a título de una indebida e ilegal compensación por sus servicios.

Se inculpa al ex gobernante peruano de financiar su reelección y asegurar su permanencia en el poder con recursos de privatizaciones de empresas públicas y con comisiones ilícitas obtenidas de la compra de material bélico.

Se imputa al ex Mandatario el haberse asociado con altos funcionarios gubernamentales para emitir, de forma irregular, una serie de decretos de urgencia que sirivieron para adquisiciones directas. Su fin era usar los fondos de privatizaciones, que se aprobaron sin que se cumplieran las formalidades de la Constitución y se emitieron consignando hechos falsos como que contaban con la aprobación del Consejo de Ministros.