El historial de conflictos ambientales de la termoeléctrica Bocamina en Lota y Coronel

La planta pertenece a Endesa, firma que fue condenada por el Tribunal Ambiental de Valdivia, tras la demanda presentada por más de 900 personas y organizaciones.

03 de Enero de 2019 | 08:00 | Por Tomás Molina J., Emol
Emol
SANTIAGO.- Responsable del daño ambiental en el componente aire de las comunas de Lota y Coronel. Esa fue la resolución del Tribunal Ambiental de Valdivia dada a conocer el martes, tras la demanda interpuesta por más de 900 personas y organizaciones de ambas comunas en contra de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa) -actualmente Enel- por la contaminación generada producto de las operaciones de la central termoeléctrica Bocamina en 2014.

Según el fallo, durante dicho año Endesa sobrepasó la norma de emisión durante 340 horas, lo que se sumó a la ubicación de la planta en una zona saturada por material particulado (MP2,5).

Con esta resolución, Enel deberá "reparar el medioambiente", disminuyendo en un 30% las emisiones de material particulado de Bocamina, hasta que entre en vigencia el plan de descontaminación del Gran Concepción. Asimismo, dentro de un plazo de seis meses tendrá que presentar uno que indique "cómo alcanzará el límite que fija la presenta sentencia", señaló el fallo.

Desde la empresa anunciaron ayer miércoles que "el fallo será analizado en detalle para definir el curso de acción. Cabe recordar que en los últimos tres años Enel Generación Chile ha implementado una serie de mejorar de orden medioambiental en la central Bocamina".

Paralizaciones


La central termoeléctrica Bocamina está en la comuna de Coronel, específicamente en el sector de Lo Rojas (Región del Biobío), y está conformada por dos unidades: Bocamina I y II. La fuente de energía principal de ambas es el carbón y tienen como finalidad generar electricidad: la primera con una capacidad de 128 MW, mientras que la segunda de 350 MW.

De hecho, la instalación de esta última fue la que gatilló una controversia de larga data entre los vecinos y la compañía que comenzó con la construcción de Bocamina II enero de 2008.

En 2012 y en medio de la marcha blanca de la extensión de la termoeléctrica, las protestas se agudizaron. Según afirmaban los vecinos, la contaminación generada por la planta provocó graves daños ambientales al borde costero además de ruidos molestos y malos olores.


Ante ello, en 2013 los pescadores artesanales del sector presentaron un recurso de protección, acción que fue acogida por la Corte de Apelaciones de Concepción, por lo que las operaciones de Bocamina II fueron suspendidas. Esta decisión se mantuvo más de un año, tras la orden de no innovar por parte del mismo tribunal.

A su vez, ese año, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) advirtió que Bocamina se expondría a una multa de hasta $5 mil millones o clausura debido a graves faltas ambientales.

Ya en enero de 2014 fue la Corte Suprema quien ratificó la paralización, que incluyó además el cese momentáneo del funcionamiento de Bocamina I, ya que, a juicio del máximo tribunal, ambas centrales "no han respetado la garantía constitucional del artículo 19, N°8 de la Constitución (derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación)".

Desde Endesa aseguraban que implementarían medidas urgentes para cancelar estas paralizaciones: Días después informaron que la autoridad ambiental levantó el cierre temporal de Bocamina I, lo que generó las protestas de los pescadores artesanales.

Reapertura y millonaria inversión


Tras ello, y luego de haber entregado decenas de viviendas a familias afectadas por la termoeléctrica, tras un acuerdo pactado entre Endesa, la municipalidad de Coronel y el Serviu del Biobío, la compañía apuntaba a buscar la reapertura de Bocamina II. Pero tuvo que esperar un año y medio para concretarse, hasta julio de 2015.

En abril de ese año el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la central, luego que el 16 de marzo del mismo año la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío aprobara el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de optimización de la planta, que involucró una inversión por unos$184 millones.

Mientras que el plan social final para la comunidad de Coronel pactado entre la firma, los sindicatos de pescadores y la gobernación regional, contemplaba la construcción y entrega de viviendas para 1.200 familia, un fondo social de $180 millones por año durante tres décadas y un parque alrededor de la planta que significaba una inversión de US$9 millones.

Multa


En tanto, en marzo de 2015, el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia confirmó todas las sanciones impuestas por la SMA contra Endesa, debido al incumplimiento en la operación de termoeléctrica Bocamina II. Así reafirmó la multa de $4.378 millones, luego del proceso sancionatorio que obligó a la firma a realizar un nuevo estudio de impacto ambiental para el cuestionado proyecto termoeléctrico.

Sin embargo, en diciembre de 2016, la Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo, presentado en contra de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Ambiental y finalmente la compañía fue obligada a pagar una suma cercana a los $800 millones.
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