"El asesinato de Ámbar desgarró el corazón de millones de chilenos. Por ella y por todos, ya endurecimos la ley de libertad condicional, que habría evitado este asesinato, y avanzamos en mejorar el sistema penitenciario y la ejecución de penas. Es el camino de la justicia. No más impunidad".
Fueron las palabras que emitió el Presidente Sebastián Piñera luego del hecho que conmovió a todo el país: el hallazgo del cadáver de la adolescente de 16 años, Ámbar Cornejo, escondido en la casa de Hugo Bustamante, la pareja de su madre. A lo que hacía referencia el Mandatario es al dato que más impresionó del caso: Bustamante estaba condenado por un doble homicidio y debía estar en la cárcel hasta el 2032, pero accedió a libertad condicional hace cuatro años.
El hombre de Villa Alemana, que llevaba 11 años de presidio, recibió el beneficio junto a 1.826 otros reos. Desde 2012, todas las solicitudes de libertad condicional son dirimidas por una comisión presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones y cinco jueces. Ese año, 4.633 reclusos la habían solicitado. En promedio, la obtuvieron un 38,4% de ellos, una cifra mayor a la de años anteriores.
El escenario fue más agudo en la Región de Valparaíso, donde el 90% de las solicitudes fueron acogidas y se liberó a 788 internos, entre ellos a Bustamante. La decisión no pasó inadvertida y el propio Gobierno manifestó su preocupación. "Desconozco las razones que llevaron a los jueces, centralmente de las capitales regionales importantes, de dar libertad condicional a personas que están cumpliendo su pena", dijo la entonces Presidenta Michelle Bachelet al canal ITV.
"No conocemos las razones de por qué este año creció tan fuertemente porque, por decirlo así, siempre correspondía a un 10% de peticiones", explicó en 2016. Se mostró "muy preocupada" y aseguró que le parecía "un tema muy complicado". "Yo me entero de esto. El día lunes prendo mi computador y ya dos de los tipos libertados habían sido detenidos por robo", agregó.
Una decisión del Poder Judicial
Bachelet mencionó a su antecesor, hoy nuevamente en La Moneda. "Antes esa atribución la tenían los seremis de Justicia. El año 2012, el Presidente Piñera cambió la responsabilidad de quien tomaba la decisión y la trasladó al Poder Judicial a través de una especie de comité compuesto por jueces y distintas personas del Poder Judicial". Con ese hito, la libertad condicional dejó de depender del Poder Ejecutivo, un movimiento recomendable según el principio de independencia de los poderes del Estado.
Desde allí, la decisión fue defendida. "No hay nada que explicar ni nada que revisar. Creo que lo que se ha hecho está de acuerdo con la ley y nosotros tenemos la más absoluta seguridad de lo que nuestros jueces hacen", dijo el entonces presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch. "Lo que pasa es que la gente no comprende el alcance de la independencia judicial. Nosotros exigimos de los poderes del Estado que se nos respete en nuestra independencia e, internamente, la independencia para nosotros es sagrada", dijo.
"Aquí no salió todo el mundo libre como se quisiera pensar y, por lo tanto, no ha habido un exceso en esta materia; y el sentido de esta ley es darles una oportunidad a personas que han cumplido más de la mitad de sus condenas, para que cumplan el resto de la pena en libertad"
Milton Juica, vocero de la Corte Suprema
El tópico también fue abordado por el vocero del máximo tribunal, Milton Juica. "Este es un tema que genera controversia, porque en el fondo lo que requiere el país en torno al control y cumplimiento son tribunales de ejecución de la pena", dijo. "No le parecía a la Corte Suprema sustituir las funciones que tenían los seremis de Justicia en orden a resolver las cuestiones de libertad condicional, que es un cuerpo legal de muy antigua data, y que se ha aplicado en el país desde hace mucho tiempo, con la salvedad de que solo a partir de 2012-2013 pasó esa tuición a estas comisiones de libertad condicional formada por jueces de las distintas jurisdicciones del país".
Sin embargo, Juica apuntó que el sistema anterior venía "arrojando, desde largo tiempo, dudas sobre la objetividad que guía un proceso que resulta clave para propiciar un buen comportamiento intrapenitenciario y fomentar la rehabilitación y reinserción de los condenados". "Esa fue la razón que generó el cambio, por lo tanto no se creía que los seremis estaban cumpliendo adecuadamente sus funciones", dijo. El problema era que las cárceles y centros de detenciones registraban en ese momento un 60% de sobrepoblación.
"El sistema ha estado operando y por supuesto que llama la atención que opere en mayor medida que en épocas anteriores, porque los seremis de Justicia no otorgaban las libertades condicionales por carácter subjetivo y, por lo tanto, el Poder Judicial se hace un deber el explicar a la ciudadanía que las personas que obtienen este beneficio han sido propuestas por un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, que ha vigilado al recluso, entendido que cumple requisitos de tiempo, estudios y trabajo; es decir, los requisitos de la ley", explicó Juica.
Dijo, además, que se trató de "un número insignificante con relación a la población carcelaria". "Aquí no salió todo el mundo libre como se quisiera pensar y, por lo tanto, no ha habido un exceso en esta materia; y el sentido de esta ley es darles una oportunidad a personas que han cumplido más de la mitad de sus condenas, para que cumplan el resto de la pena en libertad", afirmó también.
El sistema de 2016
Pero Bustamante salió en libertad condicional antes de cumplir la mitad de su pena. Su caso fue revisado por una comisión presidida por la magistrada Silvana Donoso. Junto a los otros cinco jueces que dirimirían, se pusieron de acuerdo previamente con respecto a los parámetros con los que se otorgarían los beneficios, según informó en 2018 un reportaje de Revista Sábado. En ese momento, decidieron ceñirse a la ley al pie de la letra, siguiendo el espíritu de varios fallos de la Corte Suprema de años anteriores que situaban las libertades condicionales más como un derecho de un beneficio.
En ese momento, los requisitos eran cumplir con buena conducta y tener la mitad de la pena cumplida, con una sola excepción: el artículo 2 del Decreto de Ley 321 sobre libertades condicionales, que establecía que "a los condenados a más de veinte años se les podrá conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos diez años de la pena, y por este solo hecho esta quedará fijada en veinte años". La disposición favorecía precisamente a Bustamante.
El caso de Bustamante, que había dado muerte a su pareja y al hijo de ella, para luego esconderlos en un tambor con cal en su patio, era demasiado conocido. Por eso cuando el relator leyó sus antecedentes, la ministra Donoso hizo un alto. Le preguntó a los otros miembros de la comisión si no querían poner marcha atrás y cambiar los parámetros establecidos por ellos mismos días antes. Entonces decidieron consultar el informe de Gendarmería que acompañaba la solicitud.
"Interno que requiere intervención y un mayor periodo de observación intrapenitenciario, ya que las variables psicosociales determinan un pronóstico incierto (...) por lo que no se recomienda otorgar la libertad condicional", decía. El problema que identificaron los jueces fue que el informe era, palabra por palabra, idéntico al de otros reos que ya habían evaluado. Estaba literalmente copiado y pegado, sin ninguna especificación particular del caso.
Según el reportaje, los jueces dicen que se sintieron "decidiendo a ciegas" y lo tomaron como "un mecanismo de Gendarmería para cubrirse las espaldas ante una reincidencia grave". La comisión optó por atender solamente los parámetros legales y concedió la libertad a 788 presos esa semana, entre ellos a Bustamante.
Los nuevos requisitos
A raíz del revuelo que causó el número de beneficios otorgados, un grupo de senadores compuesto por Pedro Araya (ind), Alberto Espina (RN), Felipe Harboe (PPD) y Hernán Larraín (UDI) presentaron un proyecto de ley para aumentar los requisitos para conceder la libertad condicional, que tenía su origen en un decreto de ley que databa de 1925.
Los requisitos fueron cambiados en enero de 2019, luego de que el proyecto fuera aprobado por el Congreso Nacional y promulgado por el Presidente Piñera. La modificación añadió requisitos adicionales para postular al beneficio, incluyendo la disposición de que las personas condenadas por los delitos de parricidio, femicidio, homicidio calificado, robo con homicidio, violación con homicidio, violación e infanticidio solamente podrían postular al beneficio cuando hubieren cumplido dos tercios de su pena.
Un grupo de senadores presentó un proyecto para cambiar la ley de libertad condicional a raíz de la salida de los más de 1.800 reos en 2016, que fue promulgado el año pasado
También se añadió el requisito de contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería de Chile, que permita orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia, con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad. El informe ahora debe contener antecedentes sociales y características de personalidad de la persona condenada, dando cuenta de la conciencia de la gravedad del delito, del mal que causa y de su rechazo explícito a tales delitos.
En el caso de Bustamante, él mismo había advertido en dos entrevistas a la prensa que no podía asegurar que no volvería a cometer el mismo delito. "¿Cree que podría volver a hacer algo así?", le preguntó hace dos años el periodista de Sábado a quien es hoy el único imputado por el asesinato de Ámbar Cornejo.
"Una vez la psicóloga de la cárcel me preguntó: ¿tú crees que volverías a hacer lo mismo? Yo le contesté: sabe qué, yo la respuesta no la tengo", contestó. "Cada persona reacciona dependiendo del lugar que está y la situación que vive. Yo, le dije, no tengo la intención de hacer lo que hice, y no me gustaría pasar lo mismo otra vez, pero yo no podría asegurarle a usted que no lo haría. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy dueño del destino".
