El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) resolvió admitir a trámite y declarar admisible el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados de oposición contra el proyecto de ley de Migraciones.
El TC dio además un plazo de cinco días para que el Congreso y el Presidente Sebastián Piñera se refieran al tema en caso de estimarlo necesario.
"De conformidad a lo prescrito en el artículo 67 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura, se conferirá traslado por cinco días a S.E. el Presidente de la República, al H. Senado y a la H. Cámara de Diputadas y Diputados para que, si así lo estiman, se pronuncien en torno a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirentes", indicó el tribunal.
También se acordó fijar para las 12:00 del lunes 18 de enero una audiencia pública de dos horas.
La iniciativa impulsada por Revolución Democrática (RD) busca es declarar inconstitucional 13 artículos de la normativa despachada a comienzos de diciembre de 2020, entre ellos aquel que faculta al Estado para determinar quién ingresa al territorio.
Así también el que regula los procedimientos de retorno asistido por eventuales vulneraciones a los derechos de los menores de edad.
Otro punto cuestionado es aquel que faculta al Ejecutivo para solicitar visa de turismo. De acuerdo al escrito, aquello se podría prestar para cometer arbitrariedades al momento de determinar quiénes pueden ingresar al país, mientras que desde el Gobierno aseguraron que la medida busca controlar un eventual ingreso masivo.
"El proyecto del Gobierno no se hace cargo como debería una política moderna del fenómeno migratorio y va a terminar provocando mayor irregularidad y eso dificulta la política pública desde quienes queremos garantizar los Derechos Humanos de la población migrante como de quienes quieren que ingresen menos migrantes al país", señaló en su oportunidad la diputada y presidenta de RD Catalina Pérez.
Mientras que el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, respondió: "Después de ocho años de tramitación, de discusión parlamentaria, el Frente Amplio recurre al TC para poder imponer aquellos puntos donde ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso Nacional (...) Este proyecto de ley es completamente constitucional, y es más, aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración".
