El regreso a la democracia en Chile coincidió con el fin de la Guerra Fría.
En 1990, asumió la Presidencia del país el democratacristiano Patricio Aylwin, apoyado por la Concertación de Partidos por la Democracia, que reunía a fuerzas de centro e izquierda. Cuatro meses antes, había caído el Muro de Berlín, la cortina de hierro que simbólica y físicamente dividía el mundo entre occidente y el bloque socialista; y en 1991 se disolvería la Unión Soviética, que se entendería como la derrota del marxismo.
En ese contexto, en Chile, Aylwin inició la transición, caracterizada por lo que se llamó una "democracia de los acuerdos" y la profundización de la apertura al mundo iniciada,
desde el punto de vista económico, en el régimen de Augusto Pinochet.
La Concertación gobernó en Chile hasta 2010 (con Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet) y, con un mundo reconfigurado, estableció relaciones políticas y sobre todo económicas que, desde el punto de vista de las relaciones internacionales seguirían con los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y Michelle Bachelet (con un segundo mandato entre 2014 y 2018).
En este período, Chile se esforzó especialmente por construir nuevos lazos con países desarrollados. Así, en 1996 firmó un tratado de última generación con Canadá; en 2002 logró acuerdos con la Unión Europea, y en 2010 ingresó como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), siendo el primer país sudamericano en hacerlo. Chile avanzaba en su camino hacia el desarrollo.
Con los ojos en el Pacífico
En 1994, el país ingresó al foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y desde entonces, en cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, las exportaciones chilenas a la APEC se han multiplicado por 12, con un crecimiento promedio anual de 9,6 %. En el marco de este foro, se han suscrito 18 acuerdos comerciales de diferente alcance con 16 de las 20 economías que la integran.
Más tarde, en 2005, Chile, Brunéi, Singapur y Nueva Zelanda firmaron el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, conocido como P-4. En 2010, Australia, EE.UU., Perú y Vietnam se unieron al P-4 para negociar un Tratado Transpacífico (TPP). En el transcurso de las negociaciones otros países, como Malasia, Canadá, México y Japón, se interesaron en él. En 2016 los 12 países miembros firmaron el acuerdo en Auckland, Nueva Zelanda.
Con la retirada de EE.UU. en 2017, los miembros restantes, Chile incluido, establecieron los elementos centrales de un nuevo acuerdo, denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y así, los 11 países se reunieron en Santiago, en enero de 2018, para firmar el texto final. Ese mismo año entró en vigor al conseguir que seis países lo ratificaran.
En Chile, el tratado fue aprobado por la Cámara de Diputados en 2019 y por el Senado en octubre de 2022, sin embargo su ratificación —facultad privativa del Presidente de la República— estuvo sujeta a polémicas.
Entonces, ya había asumido el actual Presidente, Gabriel Boric. Antes de llegar a La Moneda, él y varios de sus colaboradores cercanos habían mostrado reticencias al tratado, en especial a la cláusula relacionada con la posibilidad de que inversionistas puedan demandar a un Estado en caso de ver afectadas sus ganancias. “¿No es acaso una limitación inaceptable de nuestra soberanía?”, había dicho Boric cuando era diputado y se discutía la materia en el Congreso.
Aunque inicialmente el gobierno de Boric manifestó que no ratificaría el tratado sino hasta la obtención de las side letters con los países firmantes, finalmente lo ratificó y entró en vigor el 21 de febrero de 2023.
Una prueba de la inserción económica en el Pacífico es que Chile es el único miembro que cuenta con acuerdos comerciales con cada uno de los 10 países que lo componen.
Aliados con EE.UU.
El retorno a la democracia en Chile presentó la oportunidad de establecer mejores relaciones con EE.UU., marcadas por episodios de desencuentros y tensiones durante las décadas pasadas. Uno de los últimos fue un controvertido episodio con un cargamento de uvas en que en algunas unidades se encontraron trazas de cianuro (ver nota en página 13).
Las relaciones se recompusieron paulatinamente. La visita de George H. W. Bush en diciembre de 1990, donde elogió la transición chilena, es tal vez un punto de inflexión. Durante los 90, EE.UU. ocupó un lugar especial en el diseño de la política exterior de Chile, sin embargo, para algunos analistas, sería exagerado decir que fue un elemento definitorio. Los vínculos incluían un alto nivel de diálogo que se puso a prueba en 2003, cuando el Presidente Ricardo Lagos, poco tiempo después de concluir las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con EE.UU., decidió no apoyarlos en la invasión a Irak.
Igualmente, en los siguientes años, las relaciones con Washington se fortalecieron al punto en que, en 2014, Chile ingresó al Programa de Exención de Visa, que permite a los chilenos ingresar al país bajo un sistema electrónico de autorización de viajes.
Estallido es mirado desde todo el mundo
La estabilidad política chilena —que distinguía al país de sus pares de Latinoamérica— y el crecimiento económico, le hicieron ganar prestigio a Chile en un planeta ya globalizado. Los ojos del mundo nuevamente mirarían a Chile en octubre de 2019, cuando se desataron una serie de manifestaciones luego de que se anunciara el alza del precio del pasaje en la provincia de Santiago y las comunas de San Bernardo y Puente Alto de $30 para el metro en hora punta y $10 para los buses.
El día 18 las protestas recrudecieron, el metro debió cerrar y Santiago fue un caos. Luego vino el vandalismo: encapuchados rompían señalética y mobiliario urbano, encendían barricadas, saqueaban los locales que pillaban a su paso y el Gobierno tomó la decisión de declarar estado de excepción constitucional de emergencia.
Los días posteriores la violencia incrementó y se expandió a más regiones del país. Por otro lado, en las manifestaciones se escuchaban consignas contra "los 30 años", en alusión al período que sucedió al mandato de Pinochet, y se pedían cambios, especialmente en materia de derechos sociales.
Prensa de distintos países llegó al país para dar cuenta de la situación y el hecho, hasta el día de hoy, es motivo de estudio desde distintas disciplinas. El 20 de octubre de ese año, The Economist publicó un artículo titulado "Disturbios tras aumento de tarifas (del metro) dañan imagen de estabilidad de Chile"; al día siguiente El País informó: “La protesta social desborda a Piñera y sume a Chile en una grave crisis".
Poco después, el 19 de diciembre, en The Wall Street Journal se leía: "Tsunami social"golpea a una de las principales economías latinoamericanas”. La nota estaba acompañada de las ruinas de un supermercado de la cadena Walmart en Arica, tras ser destruido y saqueado.
En Chile, la clase política, acudiendo al llamado del Presidente Sebastián Piñera, acordó —como una forma de enfrentar la crisis por la vía institucional— iniciar un proceso para redactar una nueva Constitución, etapa todavía en desarrollo luego del rechazo a la propuesta que redactó la Convención Constitucional dominada por la izquierda y centroizquierda y que se convocara a un nuevo grupo redactor.
En 2021, Gabriel Boric sería proclamado candidato presidencial de Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda). “Chile será la tumba del neoliberalismo”, dijo esa noche.
