El martes fue un día frenético en el Poder Judicial y Gendarmería. Las instituciones salieron a dar explicaciones, a ratos confusas y contradictorias, respecto a cómo el sicario de un empresario de Meiggs, terminó en libertad.
Hasta ahí, se habla todavía de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, pero las últimas horas de la trama han dado un nuevo giro: ese nombre sería un "alias", y su real identidad sería Carlos Alberto Mejía Hernández.
Este dato es relevante, considerando que la razón por la que finalmente el sujeto quedó en libertad la desencadenó una "corrección en su identidad" en la orden que lo dejaba en prisión preventiva.
El imputado ingresó a prisión preventiva el 9 de julio, tras la audiencia de formalización junto a otros dos imputados por el crimen. Sin embargo, el 10 de julio, cerca de las 20.00 horas, el sicario quedó en libertad, y desde entonces, no se conoce su paradero.
Se trata de un caso que hasta ahora no tiene responsables, puesto que la jueza del 8° Juzgado de Garantía, Irene Gladys Rodríguez -quien firmó las órdenes de ingreso y de libertad del imputado-, ha enfatizado que no existió ni dolo ni corrupción en su actuar; desde Gendarmería apuntan a que se acataron las órdenes del tribunal; y el Poder Judicial anunció una investigación administrativa y medidas para mejorar los protocolos y las comunicaciones con otros organismos.
Ahora, el caso está en manos del Ministerio Público, radicado en la Fiscalía Metropolitana Occidente, liderada por el persecutor Marcos Pastén, quien instruyó una serie de diligencias con foco en determinar cómo fueron las comunicaciones entre el Poder Judicial y Gendarmería.
La órdenes judiciales
La primera orden judicial emitida el 9 de julio, dejaba a Osmar Alexander en prisión preventiva. Luego de eso, hubo dos órdenes judiciales; una que lo dejaba en libertad, y minutos más tarde, otra que volvía a ordenar la cautelar más gravosa.
En esta trama, tanto el Poder Judicial como Gendarmería han entregado cronologías de las comunicaciones que sostuvieron al respecto, pero con algunos matices.
De acuerdo al Poder Judicial, "el 8° Juzgado de Garantía emitió el 9 de julio una orden de ingreso a prisión preventiva a las 20:17 horas. A las 20:25 de ese mismo día se dejó sin efecto esa instrucción corrigiendo problemas con la identificación del imputado y que a las 20:28 horas, el Juzgado emitió una nueva orden de ingreso a prisión preventiva con los antecedentes correctos", detallaron.
El día siguiente, el Juzgado de Garantía emitió dos correos electrónicos a Gendarmería. El 10 de julio a las 12:11 y a las 14:30 horas respectivamente, donde se les informó "las últimas dos resoluciones anteriormente descritas". Es decir, la corrección de la identidad (pero con orden de dejarlo en libertad), y la nueva orden de ingreso a prisión.
Gendarmería, respondió el mismo martes en un comunicado, donde detallan que el 9 de julio, a las 20:28 horas, "el 8° Juzgado de Garantía emitió una orden de ingreso a prisión preventiva de esta persona, procedimiento que se concretó ingresando el imputado a la unidad penal, tras ser trasladado por personal de Servicios Especializados, con una orden impresa".
Asimismo, detallan que el 10 de julio, a las 12.11 horas, recibieron por sistema informático regular de envíos de resoluciones del Poder Judicial "una nueva orden del Tribunal, que dejó sin efecto esa instrucción, ordenando la libertad del imputado, conforme lo establece dicha resolución, la que se concreta el mismo 10 de julio, a las 20:40 horas, luego de chequear y corroborar verosimilitud de dicha resolución".
Añaden que ese mismo 10 de julio "se produce nueva comunicación desde dicho tribunal, a las 14:13 horas, a través de un correo electrónico en que Gendarmería recibe la misma orden de ingreso que el día anterior recibió en papel, con fecha 9 de julio y sin ninguna instrucción distinta, alerta o rectificación de la orden anterior que establecía la libertad del imputado".
La versión de la jueza
La jueza que firmó las tres órdenes que tienen el resultado ya conocido, ha descartado dolo o "corrupción" en su actuar; aristas que debe resolver el Ministerio Público.
"Recién está empezando la investigación. Solamente puedo decir que no hubo ni un dolo, ni una corrupción ni nada en el Poder Judicial, y me declaro inocente en ese sentido", sostuvo a 24 Horas.
Asimismo, afirmó que ella decidió que los tres imputados por el sicariato ingresaran a prisión preventiva, "di las órdenes respectivas, en la audiencia está muy claro lo que hice, y eso es lo que vale. Yo decreté las tres prisiones preventivas y mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería".
"Lo demás... hay que ver qué pasó, y esto es objeto de investigación. Pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1, fueron firmadas por mi y fueron remitidas a Gendarmería, y se dejó constancia en la historia de la causa que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondientes y se las llevó esa noche", dijo al citado medio.
Diligencias
Parte de las diligencias que ha instruido el fiscal Pastén contemplan recuperar los respaldos comunicacionales entre el Poder Judicial y Gendarmería, además de comenzar con el "vaciamiento" de información desde los celulares que han sido incautados a los funcionarios de ambas instituciones, según consignó El Mercurio.
El martes, equipos de la Brigada de Cibercrimen llegaron hasta la Corporación de Administración del Poder Judicial para rescatar los respaldos de las comunicaciones entre el 8° Juzgado de Garantía y Gendarmería, y en la noche se tomó declaración de los funcionarios del tribunal, incluida la jueza Irene Rodríguez, en calidad de testigo.
En el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde el sicario permaneció recluido por 24 horas, también hubo procedimientos. Allí se recogieron registros de las cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones.
Suprema acusa a Gendarmería
Ayer, el pleno de la Corte Suprema se reunió para revisar los alcances del caso, y a través de un comunicado, expresaron su "profunda preocupación", puesto que "lo ocurrido es de la mayor gravedad", y asimismo, apuntaron a Gendarmería respecto a un eventual error.
En el comunicado señalan que "el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago despachó la orden formal y definitiva de ingreso en prisión preventiva en contra del imputado, la que fue puesta en conocimiento de Gendarmería de Chile el 10 de julio del actual, a las 14:13 horas, por los conductos oficiales".
Frente a ello, añaden que "en consecuencia, a pesar de existir una orden vigente de ingreso en prisión preventiva en poder de Gendarmería de Chile, el imputado fue liberado por la unidad penal en la noche de ese mismo día, alrededor de las 20:00 horas, transcurriendo cerca de seis horas entre la notificación de la orden de ingreso en prisión y su liberación".
Gendarmería: "No aceptamos ser tratados como corruptos"
En atención a las acusaciones que Gendarmería ha recibido, este viernes el director (s) del servicio, Rubén Pérez, subió el tono y salió en defensa del actuar que tuvieron ese 10 de julio.
"Nosotros estamos a disposición siempre, al tenor de las actuales necesidades de seguridad que tiene el país y el sistema carcelario, de ir perfeccionando nuestros procedimientos, pero lo que no podemos decir y no aceptamos es que, a priori, se pretenda cortar el hilo por lo más delgado y que se diga que en el sistema penitenciario están los ripios, cuando esto no ha sido demostrado", dijo Pérez a Radio Duna.
Asimismo, subrayó que el personal de Gendarmería actúa con rectitud, y "no aceptamos ser a priori tratados como corruptos cuya hipótesis se trata de instalar sin ningún indicio, es una responsabilidad y una falta de respeto, que traten al personal de Gendarmería de corruptos a priori, sin tener como demostrarlo".
Consultado por este tema, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo esta mañana que "hay una investigación penal abierta que está llevando al fiscal Marcos Pastén, un sumario administrativo por parte del Poder Judicial y un sumario administrativo en Gendarmería. Nosotros vamos a estar a los resultados de esas investigaciones y cualquier anticipación de juicio por ahora nos parece improcedente".
Identidad del imputado
Este viernes se sumó otra arista a la trama de la liberación del sicario: su nombre real no sería el que aparece en las órdenes que firmó la jueza del 8° Juzgado de Garantía.
El sujeto, de nacionalidad venezolana -en condición irregular- había entregado la identidad de Osmar Ferrer al momento de ser detenido por el homicidio, pero hoy se conoció que su nombre sería Alberto Carlos Mejía Hernández.
¿Cómo se llegó a su "nombre real"? De acuerdo a lo que explicó hoy el ministro Cordero, la manera en que se pudo lograr su identidad fue a través de la toma de sus huellas dactilares cuando ingresó a prisión preventiva. "
Luego de la fuga, las policías han requerido la información a través de Interpol. Han podido contrastarse sus antecedentes y sus huellas dactilares con las autoridades venezolanas y los antecedentes han sido remitidos el día de ayer", precisó.
Dar con su identidad real es un dato relevante tanto para la propia indagatoria por sicariato en su contra, para su búsqueda, pero también para la trama de confusiones y versiones que ha dado el Poder Judicial.
El martes, la presidenta (s) de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo a los medios que a las 20.25 horas del 9 de julio, "se corrigió lo que dice relación con el nombre y DNI de esta persona"; en referencia a la orden que lo dejó en libertad. Hasta entonces, seguía identidicado como "Osmar Ferrer".
Consultada por si era habitual cambiar una medida cautelar de un imputado -considerando que el objetivo real era corregir su identidad-, la ministra Chevesich dijo que "efectivamente aquella orden que dispone la libertad, era para corregir una resolución anterior que había dispuesto prisión preventiva, tanto en el nombre de la persona imputada como el DNI de él, del ciudadano venezolano".
